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Lunes, 06 de Abril de 2020

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Seguridad low cost en Metro de Madrid

Vigilantes de seguridad denuncian sueldos "míseros" que en muchos casos apenas superan los 800 € netos

Trabajadores de seguridad privada de Metro de Madrid denuncian las condiciones laborales con las que trabajan la gran mayoría de los vigilantes en el suburbano. Retrasos en el pago de nóminas que apenas superan los 800 euros netos, a lo que suman la supresión y los recortes injustificados en los complementos salariales

"El riesgo que corremos, también se tiene que pagar, y cuando nos toca trabajar en fin de semana y de noche ya sabemos a lo que nos exponemos a cambio de 99 céntimos más la hora".

A esto añaden, en el caso de los trabajadores de Seguridad Integral Canaria, una de las 8 empresas adjudicatarias del servicio en Metro, la incertidumbre de cerca del medio millar de trabajadores , después de que la dirección comunicara su intención de ceder la actividad que presta en los servicios públicos, a partir del 1 de octubre.

Valle Sanz delegada del sindicato UGT asegura que el problema es "la estrategia" con la que estas empresas consiguen posiciones de dominio en el mercado "a costa del salario de los trabajadores que reducen en un 40%".

"Trabajamos 10 horas por un sueldo mísero, expuestos a que nos apuñalen por la espalda, nos abran la cabeza, o nos tiren a la vía" se lamenta otro trabajador que nos pide anonimato "para evitar problemas".  "Me encargo de los carteristas, vendedores, borrachos o grafiteros y encima tengo que comunicar a Metro si hay alguna avería". Y los fines de semana por la noche, añade otra compañera, "sabemos que algún altercado vamos a tener".

La empresa de seguridad no responde a las denuncias de sus trabajadores, mientras Metro de Madrid, que conoce la situación por la huelga que secundaron, se encuentra en pleno proceso de licitación y adjudicación del servicio de seguridad, proceso que espera tener resuelta en el mes de noviembre. El servicio de vigilancia privada, que en este momento prestan 8 empresas, tendrá un presupuesto para los próximos cuatro años de 234 millones de euros.

El nuevo pliego de condiciones, según fuentes de la compañía, incluye como novedad la "obligatoriedad" de las empresas de cumplir con el convenio colectivo del sector, no solo para optar a la adjudicación, sino para no perderla en caso de no hacerlo

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