Martes, 03 de Agosto de 2021

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Otero recibió 1,8 millones de la trama corrupta y Riopedre favoreció a su hijo

Podemos pide al tribunal que resuelva cuanto antes su petición de prisión provisional al apreciar riesgo de fuga de los ocho codenados

El ex consejero de Educación, José Luis Iglesias, llega a la Audiencia acompañado de su abogado Sergio Herrero.

El ex consejero de Educación, José Luis Iglesias, llega a la Audiencia acompañado de su abogado Sergio Herrero. / Pablo Canga

El tribunal del caso MAREA decidirá la próxima semana sobre el ingreso en prisión de los ocho condenados que este martes han escuchado, de boca del magistrado Javier Rodríguez Santocildes, la sentencia por las que se les condena a penas de prisión que oscilan entre los seis y los nueve años de cárcel para los principales procesados. La sentencia recoge como hechos probados los manejos del ex consejero José Luis Iglesias Riopedre para favorecer la contratación de la empresa de su hijo; o la connivencia de María Jesús Otero con los empresarios de IGRAFO y Almacenes Pumarín para otorgarles contratos públicos a cambio de dádivas que suman casi 2 millones de euros. Igualmente, se describen las prácticas de la funcionaria Marta Renedo, que no dudó en suplantar la identidad de ciudadanos anónimos e incluso de sus superiores jerárquicos para apropiarse de importantes cantidades de dinero público.

El afán por sacar adelante la empresa de su hijo Ernesto fue la perdición del ex consejero de Educación, Iglesias Riopedre. Suya fue la idea de impulsar los proyectos de geotermia para alimentar el suministro de calefacción en varios equipamientos educativos y culturales. Empezaron por el instituto de Infiesto, obra que se adjudicó torticeramente a la ingeniería Nora, controlada por el administrador de IGRAFO, Víctor Manuel Muñiz, para que los estudios previos se contrataran con Geogal, la empresa de Ernesto Riopedre. Después vinieron más estudios.

El ex consejero es condenado a 6 años de prisión, pero la pena más dura, de 9 años y medio se impone a su mano derecha, María Jesús Otero, a la que la sentencia atribuye un enriquecimiento de no menos de 1,8 millones de euros en regalos y liberalidades otorgadas por las empresas IGRAFO y Almacenes Pumarín, a laS que ésta, con la aquiescencia de su consejero otorgaba contratos de suministro de materiales para Educación, que en muchos casos ni siquiera llegaban a los colegios que en los expedientes figuraban como destinatarios.

Otros 9 años de prisión se imponen a la funcionaria Marta Renedo, que en ocasiones actuó en connivencia con otros acusados pero que sola se bastó para suplantar las identidades de ciudadanos anónimos y altos cargos de la administración para desviar fondos públicos a empresas de su creación por supuestos servicios nunca prestados al Principado.

El fallo, ya adelantado a finales del mes pasado pero que sólo desde este martes es oficial tras la publicación de la sentencia, condena a Victor Muñiz y Alfonso Sánchez, los empresarios implicados, a penas de seis años y medio de prisión. Las defensas tratarán de evitar o posponer el ingreso en la cárcel de todos ellos. Contra esa posibilidad ya ha maniobrado el letrado de la acusación particular ejercida por Podemos, Alberto Suárez. que  ha urgido al tribunal a celebrar cuanto antes la vista para resolver su petición de ingreso en prisión de los condenados. Todo parece indicar que el tribunal no resolverá al respecto antes de la próxima semana.

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