Sábado, 16 de Octubre de 2021

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Caso Campeón

Doce de los trece acusados por el Caso Campeón pactan con la Fiscalía

Dorribo acepta cinco años y once meses de prisión y Javier Rodríguez pide la nulidad

Jorge Dorribo, principal acusado en la Operación Campeón, declarando en la vista de la Audiencia Provincial de Lugo

Jorge Dorribo, principal acusado en la Operación Campeón, declarando en la vista de la Audiencia Provincial de Lugo / Eliseo Trigo (EFE)

Rematada la vista previa a la apertura de juicio oral por la denominada "Operación Campeón" -celebrada este martes en la Audiencia Provincial de Lugo-, doce de los trece acusados han pactado con la Fiscalía. El principal procesado en esta trama de supuestas concesiones irregulares de subvenciones a través de la firma farmacéutica Nupel, el empresario lucense Jorge Dorribo -entre los delitos que se le imputan están contra la Hacienda Pública, de falsedad en documentación mercantil, blanqueo de capitales, insolvencia punible-, ha aceptado cinco años y once meses de prisión y las multas económicas correspondientes, que ascienden a más de seis millones de euros.

Los acusados han aportado distintos bienes para resarcir el daño causado

El acusado Arsenio Méndez Pérez, ha consignado la cantidad de diez mil euros y ha colaborado en el concurso de acreedores. Carlos Monjero Álvarez, consignó la cantidad de dos mil euros y aporta un contrato privado por el que vende dos plazas de garaje de su propiedad, de las que se obtendrá un producto líquido de diez mil euros que se ingresará en la cuenta de consignaciones, en caso de que el Tribunal autorice la venta. Además, ha adquirido unos compromisos para reparar la responsabilidad civil.

Pablo Cobián Fernández de la Puente ha consignado la cantidad de doce mil euros, Marcos Antonio Iglesias Prieto, la cantidad de cuatro mil euros, Araceli González García, la cantidad de dos mil euros y María Isabel Fernández Pena, la cantidad de dos mil euros.

El fiscal del Caso, Roberto Brezmes, ha destacado, en declaraciones posteriores a la vista a los periodistas que "lo importante es la respuesta penal que tiene cada uno de los acusados, lo favorable para la fiscalía es la intención de que todas las personas que estaban acusadas han obtenido la respuesta -a su juicio- adecuada".

Además ha concretado que la fiscalía ha tratado de condicionar cualquier tipo de informe favorable de la suspensión o sustitución de las penas que se han pedido, "al esfuerzo de todos los acusados por reparar el daño causado, lo que ha implicado -añade- consignaciones o ingresos de cantidades económicas relevantes para dar respuesta a los intereses de la víctima, el instituto autonómico IGAPE y en consecuencia la Xunta de Galicia, pues se trata de fondos públicos sustraídos".

Solo uno de los acusados ha pedido la nulidad en el proceso, éste es Javier Rodríguez, de Proitec. Su abogado, José Luis Fiuza, en declaraciones a los medios de comunicación finalizada la vista, ha insistido en la inocencia de su cliente, que quiere, dijo, "defender su honestidad". Fiuza alega que la tramitación de los delitos que se le imputan a Rodríguez "no ha sido la correcta, pues ésta tendría que haberse llevado a cabo por la ley de tribunal de juzgado y no por vigilancia aduanera". Recordamos que fue vigilancia aduanera la que intervino las conversaciones telefónicas de las que se desprenden los delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y tráfico de drogas.

Fiuza aseguró en la vista que "las acusaciones se basan en estas conversaciones, que no denotan ningún delito, por lo que es imposible acreditarlos". A esto añadió que la investigación vulnera la Constitución y que no se dan ninguno de los "tres requisitos" del delito de tráfico de influencias (que existan un particular y un funcionario público y que se ejerza influencia sobre este último). Por cuanto al presunto delito de blanqueo de capitales, ha insistido en que tiene el "convencimiento de que vigilancia aduanera es consciente de que no existe".

El abogado ha insistido en la "falta motivación en el acto de acusación" y que su cliente "se limitaba a recibir información sobre una posible asociación con empresarios catalanes en esas conversaciones". Asimismo ha criticado que en los once delitos que se le imputan "no hay conexidad" y que la causa ha sido "tramitada de forma anacrónica".

Jorge Dorribo a las puertas de la Audiencia Provincial de Lugo / Eliseo Trigo (EFE)

A la ex directora de financiación del IGAPE, Cristina Quintela, se le ha retirado la acusación y por cuanto al juicio oral, éste se tiene que celebrar igualmente el próximo 24 de octubre, a falta de la resolución previa de la nulidad pedida por Javier Rodríguez, pues solo se habría suspendido si todas las partes hubieran pactado con la Fiscalía.

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