Miércoles, 21 de Abril de 2021

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Somos propone que la comisión señale a Caunedo como responsable por "prácticas oscuras"

La propuesta de conclusiones elaborada por Ana Taboada habla de la entrega de dádivas, gastos de viajes y contrataciones de familiares de políticos y funcionarios

Iglesias Caunedo durante su comparecencia ante la comisión de Aquagest

Iglesias Caunedo durante su comparecencia ante la comisión de Aquagest / Radio Asturias

La presidenta de la comisión de investigación del ayuntamiento de Oviedo sobre el caso Aquagest, la vicealcaldesa, Ana Taboada, propondrá el próximo martes al resto de grupos un documento de conclusiones que responsabiliza al ex alcalde Agustín Iglesias Caunedo de “prácticas oscuras y contrarias al interés público”. En su informe, Taboada alude alude a indicios fundados de la entrega de regalos y dádivas, una práctica que se pone en relación con el informe que respaldó la devolución de un aval de casi 800.000 euros a la empresa Tribugest cuando ésta cesó como adjudicataria del servicio de recaudación de impuestos.

Sin muchas sutilezas, el informe de Taboada habla de la existencia de una clara responsabilidad política en el ayuntamiento por un cúmulo de decisiones erróneas, oscuras, carentes de justificación y contrarias al interés público y el beneficio de la ciudad, y adjudica la parte principal de esa responsabilidad a quien entonces era concejal de Economía, Iglesias Caunedo. No los menciona con nombre y apellidos, pero el documento no exime a los funcionarios que intervinieron en el proceso que concluyó con la devolución del aval, para los que recomienda el pertinente reproche técnico. Incluso cita a familiares de estos funcionarios, y también de políticos, como beneficiarios de los favores supuestamente prestados por la empresa en forma de contratos de trabajo, más allá de otras dádivas como gastos de viajes. Unos regalos realizados antes de que se emitiera el controvertido informe que avaló la devolución del dinero del aval.

El informe de la vicealcaldesa concluye que en este procedimiento se incumplió la legislación de contratación del sector público, y pone énfasis en la falta de transparencia con la que se condujo: echa en falta explicaciones de las decisiones que se tomaron. Además acusa a la adjudicataria de comportarse con deslealtad hacia el Ayuntamiento con constantes incumplimientos de las obligaciones contraídas.

Taboada también propone una serie de recomendaciones, y la primera de ellas es enviar sus conclusiones, “sin dilación alguna” al juzgado de Instrucción número 1 de Lugo para que las incorpore a la causa abierta como pieza separada del caso Pokémon.

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