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Lunes, 09 de Diciembre de 2019

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El Ayuntamiento responde al recurso de Dancausa contra los gastos municipales

Carmena rechaza ante el TSJM las medidas de la Delegación del Gobierno

Nuevo capítulo en la “guerra” que mantiene el Gobierno de Carmena contra el Ministerio de Hacienda por el incumplimiento de la Ley de Estabilidad. El Ayuntamiento de Madrid ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) un escrito en el que expone “la legalidad de los créditos extraordinarios destinados a la financiación de más de 500 inversiones en toda la ciudad”.

En su respuesta, el equipo de Manuela Carmena (Ahora Madrid) rechaza la petición de medidas cautelares realizada por la Delegación de Gobierno, que dirige Concepción Dancausa (PP). La financiación de las inversiones municipales, aprobadas en junio y julio, con remanente de tesorería “se ajusta a la ley y no afecta a la regla de gasto”, explica el Consistorio.

El TSJM recibió un recurso solicitando la suspensión de los acuerdos del Pleno para destinar 272 millones a actuaciones de asfaltado, reforma y rehabilitación en calles y centros municipales de toda la ciudad.

El Ayuntamiento respondió este jueves en un escrito de 29 páginas, al que ha tenido acceso la Cadena SER, rechazando el recurso. La adopción de las medidas cautelares perjudicaría a los “intereses generales, a los intereses públicos del Ayuntamiento de Madrid y también, directamente, a los intereses particulares de los beneficiarios de esos importes”, se expone en el escrito.

Los 272 millones de euros proceden del remanente de tesorería del año pasado y han sido destinados a Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS). No computan en la regla de gasto, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional sexta de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, detalla el escrito del Ayuntamiento.

Antecedentes

El Ministerio de Hacienda requirió al Ayuntamiento la inmovilización de 238 millones, una cantidad del Presupuesto equivalente al incumplimiento de la regla de gasto registrada por la corporación en 2016.

Esos Acuerdos de No Disponibilidad se realizaron en abril y continúan en vigor, como se acredita en un certificado remitido al TSJM junto al escrito.

Como el Ayuntamiento contaba con un superávit superior a los 1.000 millones de euros en 2016, se ha hecho uso de una parte de ese remanente para aprobar actuaciones por la vía de las IFS.

La Delegación de Gobierno reclama que esas actuaciones se paralicen argumentando que se trata de las mismas que fueron retiradas del Presupuesto. El Ayuntamiento rechaza esa interpretación.

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