Sábado, 25 de Junio de 2022

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Rafael Gómez pide el indulto para no entrar en prisión

Es la última acción del empresario para eludir los 5 años de prisión a los que fue condenado por fraude a la Hacienda Pública a través de su grupo de empresas en 2006

Rafael Gómez, en los juzgados de Córdoba.

Rafael Gómez, en los juzgados de Córdoba. / Cadena SER

El empresario y ex concejal del Ayuntamiento de Córdoba, Rafael Gómez, ha solicitado el indulto tras la sentencia que le condena a cinco años y tres meses de prisión, además de a una multa de cerca de 112 millones de euros, como autor de dos delitos contra la Hacienda Pública por el impago de casi 29 millones.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes judiciales, que han detallado que la presentación de la solicitud del indulto se ha realizado después del recurso de amparo al Tribunal Constitucional (TC), aunque han señalado que por el momento no se paraliza el plazo de ingreso en prisión voluntario, cuya prórroga concluye a principios de noviembre.

En este sentido, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba desestimó en julio los recursos presentados por la Fiscalía, la Agencia Estatal Tributaria y Rafael Gómez contra la sentencia del Juzgado de lo Penal número 3, a la vez que la defensa adelantó que, aunque en el fallo de la Audiencia se indique que contra su resolución "no cabe recurso ordinario alguno", eso no cierra las puertas a otras opciones.

En concreto, la sentencia de la Audiencia cordobesa consideró que la pena impuesta a Gómez es "benigna, una de las mínimas que podía recibir", y eso "a pesar de la escandalosa cuantía de la defraudación". Además, entiende que lo que cometió el empresario "no era un mero cúmulo de errores", sino que había un "plan diseñado" para eludir el pago de impuestos.

El tribunal, que desestima en su integridad los recursos interpuestos, señala, en primer lugar, que tiene que "decir alto y claro" que Gómez "no ha sufrido" vulneración de su derecho fundamental a que se tutelen judicialmente sus intereses. También, asegura, respecto a la valoración de las pruebas periciales, que la sala se ha encontrado con una "ponderación judicial de primera instancia aséptica y desapasionada", que "no contiene razonamientos absurdos" y que "conduce a un relato fáctico coherente con tan neutral interpretación".

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