Viernes, 22 de Octubre de 2021

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Caso Campeón

Dorribo: “me he quedado sin nada, me lo quitaron todo

El empresario lucense solo respondió a las preguntas de la fiscala. Admitía que conocía tanto a Javier Rodríguez como a Carlos Monjero, ya que “ellos se movían bien, tenían buena relación en temas de organismos”

Jorge Dorribo (d) en el banquillo junto a otros tres acusados.

Jorge Dorribo (d) en el banquillo junto a otros tres acusados. / Eliseo trigo (EFE)

Sobre las diez y veinte de la mañana arrancaba el juicio oral de la operación Campeón, sobre supuestas concesiones irregulares de subvenciones públicas a través de la firma famaceútica Nupel, en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo. Allí, el principal procesado y propietario de esta empresa, Jorge Dorribo, solo respondió a la fiscalía reconociendo que se ha quedado “sin nada”. “Me lo quitaron todo”, exclamó sufrido en un momento del interrogatorio.

Una juicio que llega seis años y medio después de comenzar la operación

En principio se había pedido la sala de vistas para cinco días, aunque finalmente se autorizó hasta este jueves, en que se confía que remate el juicio que llega seis años y casi seis meses después de que se abriera el operativo que condujo a la detención de Dorribo y su ingreso en prisión y muchos de los que hoy se sientan en el banquillo de los acusados.

La operación Campeón se inició a finales de mayo de 2011, tras las municipales de ese año, bajó la instrucción de Estela San José donde se investigó a varios cargos del Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE), junto al empresario lucense Jorge Dorribo y su socio en Nupel.

La investigación salpicó a altos cargos políticos de varios partidos: del PP el ex diputado Pablo Cobián, del PSOE, José Blanco, que finalmente fue eximido de responsabilidades y también algunos cargos del BNG.

De los doce acusados que se sientan en el banquillo solo uno no llegó a un acuerdo con el ministerio público. Se trata de Javier Rodríguez uno de los socios de la empresa Proitec que asesoraba a Dorribo. Antes del juicio oral, Rodríguez se confesaba “tranquilo” y “sin problema”, deslizando que se cree “inocente”.

Tras él, Jorge Dorribo intentó sortear a la prensa intercalando un lacónico “todo bien”, y deshaciéndose, seguidamente, en agradecimientos a la prensa. “Gracias, gracias”, repitió. Finalmente interpelado sobre si estaba arrepentido, luego de aceptar la acusación, se limitó a proferir que “va todo bien”.

Ya dentro de la sala, el empresario lucense solo respondió a las preguntas de la fiscala que se ajustó, sobre todo, a la relación de Dorribo con Proitec, empresa asesora, y sus socios. Admitía que conocía tanto a Javier Rodríguez como a Carlos Monjero, “ellos se movían bien, tenían buena relación en temas de organismos”, afinaba.

Llegado este momento confesó que fueron los responsables de Proitec los que le presentaron al ex diputado del PP Pablo Cobián, en A Coruña, y que “era por el patrocinio de su hijo” a través de Nupel en un equipo de rallies.

Durante el interrogatorio, Jorge Dorribo soltó que se había quedado “sin nada”, “me lo quitaron todo” resumía resignado el patrono de Nupel, que aceptaba 5 años y once meses de prisión –en principio se pedían hasta 19 años- por los delitos contra la Hacienda Pública, falsedad en documentación mercantil, blanqueo de capitales e insolvencia punible.

El abogado de Rodríguez, que se enfrenta a una pena de más de cuatro años por un delito de cohecho y dos contra la hacienda pública, José Luís Fiuza, antes de la vista, ha mantenido que confía en “una sentencia absolutoria”. “Nuestro interés es defender la inocencia de Javier, creemos que es inocente y por eso nos hemos arriesgado a venir a juicio”, ha subrayado.

 

Los acuerdos con la Fiscalía

Entre los que han llegado a un acuerdo con la acusación está el que era socio de Dorribo en Nupel, Arsenio Méndez, con dos años de cárcel y el pago de más de dos millones de euros en multas por delitos contra la Hacienda pública, contables y de insolvencia punible.

El ex diputado Pablo Cobián ha asumido ocho meses de prisión por un delito de tráfico de influencias, la inhabilitación para cargo público durante dos años y tres meses, así como una multa de más de 45.000€.

Para dos ex altos cargos del IGAPE, Joaquín Varela, con el que se reunió Dorribo una vez, y Carlos Gil, con el que mantuvo dos encuentros, según declaró el empresario, se imponen multas de más de dos mil euros y un año de suspensión de empleo o cargo público por un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios.

El socio del único al que se juzga ahora, Carlos Monjero, también concertó diez meses de prisión. El resto de los acusados han llegado a acuerdos que suponen meses de prisión inferiores a un año.

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