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Domingo, 18 de Agosto de 2019

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Carmena reclama a Botella y su equipo 127 millones por la venta de viviendas sociales

El Gobierno de Ahora Madrid demanda la exalcaldesa y a su Gobierno ante el Tribunal de Cuentas por la venta de casi 1.900 pisos protegidos "muy por debajo del valor de mercado"

Si el Tribunal de Cuentas dicta sentencia condenatoria, Ana Botella (PP) y su Junta de Gobierno estarán obligados a devolver unos 127 millones de euros a las arcas municipales. El daño patrimonial producido se ha cuantificado según la diferencia entre el valor catastral -unos 55 millones- y el valor de mercado de la enajenación, fijado por una sociedad de tasación, en 250 millones.

Además del exconsejero delegado, Fermín Oslé, la demanda por posible perjuicio económico, también va dirigida también contra Concepción Dancausa, actual delegada de Gobierno en Madrid; Enrique Núñez y Diego Sanjuanbenito, ambos ahora en el equipo de Cristina Cifuentes; Paz González, Dolores Navarro y Pedro Corral, que sigue como edil del PP en el presente mandato.

Con esta demanda se abre "un procedimiento contable en el que se reclama una restitución del valor económico que dejó de percibir por la venta de patrimonio público por un precio muy por debajo del real", ha explicado el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, firmante de la demanda junto a la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, y presidenta de la EMVS, Marta Higueras.

Los fondos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) son públicos y, por lo tanto, el daño causado también afecta a las cuentas públicas del Ayuntamiento. La demanda se centra en dos operaciones llevadas a cabo en 2013: La enajenación de 34 pisos a las sociedades Avellanar y Madrid Town y la venta también de 18 promociones completas al fondo de inversión Fidere (Blackstone).

El valor de mercado de los 1.860 pisos de los inmuebles vinculados y no vinculados sería de 249,27 millones de euros en el momento de la operación, según ha valorado una sociedad de tasación homologada por el Ministerio de Economía y Hacienda, ha explicado el actual consejero de la EMVS, Francisco López Barquero.

Dado que "se reclama contra los particulares que en aquel momento eran los responsables de tomar esta decisión -el exconsejero de la EMVS y la Junta de Gobierno- correspondería la restitución patrimonial a estas personas en concreto", ha indicado el responsable de la empresa municipal.

El importe total cuyo reintegro se solicita se desglosa en 4,05 millones por la venta de 34 viviendas; 120,77 millones por las 18 promociones y otros 2,39 millones en concepto de "la intermediación innecesaria", según la demanda.

Una vez formalizada la demanda, será el fiscal del Tribunal de Cuentas quien determine qué acciones hay que seguir y, en caso de que hubiera delito penal daría traslado a los juzgados de plaza de Castilla.

Tres demandas

Esta polémica operación acumula ya tres demandas: una penal, otra contencioso-administrativa y la presentada este jueves ante el Tribunal de Cuentas por el Ayuntamiento.

La demanda de nulidad fue iniciada por el Ayuntamiento ante la Comunidad de Madrid, ya que necesita un informe favorable de sus servicios jurídicos para que siga adelante el procedimiento, en el que se "valora la posibilidad de retrotraer las operaciones al momento anterior a la venta de las promociones".

En esta vía contencioso-administrativa,  "se abre una fase de alegaciones tanto de las empresas que compraron como de los inquilinos", según López tras lo cual el procedimiento pasa a la Comisión Asesora Jurídica de la Comunidad para "ver si hay causa o no hay causa", y ha detallado que puede ser "un procedimiento largo".

Respecto a la causa penal, informa Efe, la Sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid ordenó reabrirla el pasado octubre, tras los recursos de apelación interpuestos por el grupo municipal del PSOE y la Asociación de Afectados por la Venta de Suelo de la EMVS, que se apoyaban en un informe previo de la Cámara de Cuentas sobre presuntas irregularidades.

Esta querella surge de una denuncia presentada por el grupo municipal socialista en 2014 por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, fraude y prevaricación, pero en enero de 2015 el juzgado decretó el sobreseimiento, por lo que PSOE y la asociación recurrieron en apelación ante la Audiencia en base al informe de la Cámara.

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