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Jueves, 21 de Noviembre de 2019

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Fernando Suanzes: "Existen circunstancias que hacen pensar en una planificación de los incendios"

Once años después de que la investigación de la ola de fuegos de 2006 descartase la trama, Fernando Suanzes cree necesario "un nuevo diagnóstico". Se presentará en diciembre, el mismo mes en el que se creará la plaza de fiscala autonómica de violencia contra la mujer.

Fernando Suanzes, fiscal superior de Galicia /

El fiscal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Fernando Suanzes, considera que la ola de incendios del 15 de octubre, "como la de 2006", cuenta con "características peculiares": una serie "de circunstancias o parámetros que inducen a pensar que tiene un cierto carácter intencional y tal vez una planificación, una coordinación"; eso es lo que ha motivado la investigación de la Fiscalía Superior.

En una entrevista en la Cadena SER, Suanzes, quiso "dejar claro" que esa indagación resulta "totalmente distinta" de la de cada caso individualizado, que es "competencia exclusiva de los juzgados de instrucción". "Lo que vamos a determinar, en una primera fase, es si la mayoría de los supuestos son dolosos, son intencionales o por imprudencia y, en una segunda, con los grupos especializados, veremos si eso deriva de una planificación coordinada, concertada" que vaya "más allá de dos o tres personas".

Alvia: pendientes de europa

Suanzes no cree que esté cerca el final de la fase de instrucción de la causa por la catástrofe de Angrois, reabierta por orden de la Audiencia Provincial de A Coruña. "Estamos pendientes de una diligencia fundamental: el informe de la Agencia Ferroviaria Europea sobre la normativa aplicable y sus particularidades no sólo en el momento en que se pone en funcionamiento la línea Santiago-Ourense sino, también, en el tiempo intermedio y especialmente en el momento en el que se produce el accidente". El fiscal está convencido de que este documento "y su valoración" tendrán "una notable incidencia".  Si tras el informe "no hubiese más cosas", entonces sí podría terminar la instrucción "en un tiempo prudencial".

Suanzes asegura que la Fiscalía "nunca ha utilizado el nombre de trama" y recuerda que ya en 2006 "se investigó en profundidad y se llegó a la conclusión de que ni había tramas organizadas, ni organizaciones". Desde aquel trabajo "han transcurrido once años" y que entonces "no se llegase siquiera a un indicio de que hubiese grupos criminales detrás no quiere decir que no existan ahora". Considera que hay "parámetros relacionados con los focos" los lugares donde aparecieron, la simultaneidad, las zonas protegidas afectadas que "hacen necesario un esfuerzo, un nuevo trabajo y un nuevo diagnóstico".

El fiscal superior recuerda que el código penal, "desde un punto de vista estrictamente jurídico", regula la organización criminal como" grupos de más de dos personas que actúan de forma planificada, con reparto de funciones, que persiguen como fin cometer delitos, con una carácter más o menos permanente o estable", algo que "es muy difícil llegar a demostrar en la práctica".

Sin embargo, no cree que haya que cambiar el código penal, tal y como solicitó el presidente de la Xunta, para equiparar a incendiarios y terroristas porque "el delito de incendio está suficientemente castigado". Las imprudencias van de los seis meses al año de cárcel pero, "cuando se pone en peligro la vida o la intergridad de las personas", se elevan hasta una horquilla que va de los diez a los veinte años de prisión; "son penas considerables".

cataluña: "Actuación impecable"

Suanzes no admite que se pueda cuestionar "en absoluto" la actuación de la Fiscalía con respecto a Cataluña. "Quien incumple de forma reiterada y flagrante la Constitución y las leyes no puede extrañarse de que haya una actuación judicial y fiscal contundente y seria", asegura antes de resaltar la labor "impecable" del fiscal general, José Manuel Maza; de los fiscales de la Audiencia Nacional y, "especialmente", de "los compañeros fiscales en Cataluña".

No cree que se pueda resentir la imagen de la institución porque "se evidencia que está actuando con arreglo a los principios de legalidad y de imparcialidad, independientemente de quien sean las personas investigadas". Defiende que los fiscales "llevan en su ADN el gen de la independencia", algo "de lo que nadie debe tener duda".

Lo "difícil" es lograr identificar a las personas que realizan estos "actos criminales de forma dolosa, intencional". Más sencillo resulta identificar a los imprudentes, algo que considera "lógico" porque la misma "falta de diligencia" que les lleva a causar el incendio "se extiende también a quitar las pruebas que puedan identificarlos".

Suanzes afirma que "todos entendemos lo que quiere decir el delito de terrorismo: algo exorbitante, que sobrepasa los límites normales, afecta a todos los ciudadanos, al medio ambiente, al equilibrio ecológico, pone en peligro las vidas de personas... una enormidad que tiene que generar consecuencias jurídicas". Sin embargo, desde un punto de vista jurídico, ese delito de terrorismo está regulado. "Primero tienen que cometerse determinados ataques a bienes uno es el medio ambiente, y tiene que hacerse con determinados fines: crear una considerable alteración del orden públco o generar una situación de extremo terror en un núcleo de población o tratar de alterar el desarrollo normal de las instituciones".

"Nada de eso se da en los supuestos de incendio", por eso cree que "estamos todavía un poquito lejos de eso". "No se puede tipificar como delito de terrorismo aunque todo el mundo entiende a qué nos estamos refiriendo cuando se habla desde un punto de vista vulgar".

EN DICIEMBRE, COORDINADORA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Los resultados de la investigación sobre los incendios se ofrecerán en diciembre, el mismo mes para el que Suanzes anunció el nombramiento de una fiscala "o fiscal" autonómica en materia de violencia sobre la mujer, una propuesta que espera trasladar este mismo mes a la Fiscalía General del Estado. Su labor será la de "coordinar a la Fiscalía con todas las entidades y los actores sociales" que intervienen en la lucha contra esta "lacra". "Estará en contacto con todos los medios necesarios que se requieren para este tipo de ilícito penal".

Respondía así a las demandas por la falta de medios de la fiscala delegada. La propia memoria de la Fiscalía Superior constata que, mientras las muertes descienden (ocho en 2015, tres en 2016 y dos en lo que va de 2017), el número de denuncias es "bastante alto": supera los 5.000 mientras las órdenes de protección han aumentado un 12% y ya superan las 900.

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