Viernes, 04 de Diciembre de 2020

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Transparencia invisible

La reflexión de J. Mateos

Transparencia invisible

Transparencia invisible / Cadena SER

Cuando la política no consigue conectar con el ciudadano la información y la transparencia son la solución. La política aplicada ni se ha enterado ni está dispuesta a confesarse reconociendo sus errores. Cuando se rompe el compromiso de compartir solidariamente la vida saltan las costuras de la convivencia. El independentismo más vehemente y azaroso ha prendido en muchos ciudadanos que no lo ejercían. Todas las energías de gobierno y oposición se centran en encontrar un encaje no secesionista de Cataluña que frene la intransigencia del independentismo.

El albedrío político, en clave electoral, se ha concentrado en los últimos años en las disputas de partido, liderazgos y cuotas de poder y mientras los problemas importantes que afectan a la gente siguen pendientes de resolver. La política desconectó y no mostró transparencia real con los administrados. Y entre tanto, la sociedad evolucionó cambiando su patrón de prioridades. La revolución tecnológica y digital por un lado y los diez años de crisis económica transponen los referentes y motivaciones imponiendo nuevos valores sociales. Las luchas por las libertades y las empatías identitarias parten de algoritmos distintos a los que maneja la vieja sociología política. Hoy el statu quo está roto. Adiós al bipartidismo que en pro del orden garantizaba alternancia y estabilidad. La fragmentación de las fuerzas políticas, la indefinición en los posicionamientos ideológicos, la desafección política de los ciudadanos, la corrupción como plaga exterminadora de la decencia y honestidad dejan en entredicho la credibilidad de partidos, de políticos y de las propias instituciones.

Ante este proceloso escenario se plantea como necesaria una reforma de la Constitución. Vemos cómo crecen los nacionalismos y los populismos, se hace borrosa la socialdemocracia y se debilita el estado de bienestar. El panorama deja una sociedad tan precariada como desconcertada que pone a los jóvenes decepcionados en brazos de nuevos movimientos. La opinión que manejan las encuestas pone entre las grandes preocupaciones el paro, la corrupción, los políticos y la independencia de Cataluña. Esta es la percepción que conforma el estado de opinión de los ciudadanos, de ahí el interés que muestran los poderes por el control de la información. Influir en las corrientes de opinión a través de los medios de comunicación y de las redes sociales no es tarea fácil.

La información siempre ha significado poder, pero hoy el poder se tiene que compartir con los ciudadanos. Ciudadanos que quieren saber cómo gestionan los gobernantes, tanto sus necesidades como sus intereses y cómo se gasta el dinero que sale de sus impuestos. En las democracias participativas hay que escuchar la voz de la calle, tanto como la de los políticos.

Al amparo de la importancia de informar a los ciudadanos se impone la transparencia por ley en la mayoría de las democracias consolidadas. En España la ley de Transparencia de 2013, quiere dar respuesta, después de cuatro años de vida, a una sociedad crítica y exigente y pone como precepto que la transparencia con el acceso a la información pública y las normas del buen gobierno deben ser los ejes de toda acción política, en una democracia competente.

Los ciudadanos demandan por derecho información y reclaman participación en todo lo que les afecta. Este cumplimiento de transparencia y de fiscalización de la actividad pública es la garantía de la verdadera regeneración democrática. Eficiencia y eficacia en la gestión que evite la impudicia y el saqueo de los fondos públicos. Pero a pesar de contar con una Ley de Transparencia el recurso, la argucia, el recoveco y las trabas interesadas de algunos gestores ayudan poco a su cumplimiento. España no ha madurado aún con determinación y solvencia en este compromiso. La posverdad y la menos rigurosa interpretación de la realidad ayudan a conformar una democracia imperfecta.

Hay portales llamados de transparencia que se quedan en simple apariencia, cuentan con un artificio legal que permite escapar del fondo que persigue la ley dejando una salida estética. Es un quiero y no puedo que podría constituir, en muchos casos, hasta posible fraude de ley. La laxitud en los cumplimientos y la determinada exigencia de los órganos de control como el Comisionado para la Transparencia hacen que pierda eficacia dicha ley. PSOE y Ciudadanos quisieron reformar la Ley de Transparencia, pero se quedó en un bienintencionado intento.

Castilla y León no es indiferente, como marcan los estudios y encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas, ni a la preocupación ciudadana, ni a la desafección política, ni a la sospecha de cierta corrupción patológica. Tampoco destaca nuestra comunidad como ejemplo de transparencia; véanse los reiterados bloqueos y aplazamientos de las comisiones de investigación. Conseguir ciertos datos, ejecuciones presupuestarias con detalle y cuentas públicas de interés general no es tarea fácil para cualquier ciudadano, ni para un medio de comunicación, ni siquiera para un grupo parlamentario. No se percibe verdadero compromiso por la transparencia, ni por facilitar cierta información porque se pudiera cuestionar la práctica del buen gobierno o la evidencia de una mala gestión. Eso sí, no faltan gestos de un buenismo que enmarca guiños al plano más social dejando entrever un humanismo muy aparente. Si queremos más información no escasean ruedas de prensa ni grandes titulares marcando partidas presupuestarias que suenan bien y aunque no todas llegan a buen fin de ejecución, todo ayuda a la propaganda. El poder se suele manejar con arte y seductor paternalismo, eso sí, los datos solicitados puede que nunca lleguen al franciscano peticionario. La parodia resulta chusca y la sinrazón, en este caso, no produce monstruos porque en el despertar del engaño siempre les queda a sus agraviadas señorías un medido desahogo bronco en las Cortes y después no queda otra que pasar página. Y así rezan las políticas de tibio impulso, que soportan una galopante despoblación, un preocupante envejecimiento, una reforma territorial que nunca llegó, un horizonte de alto riesgo ante la esperada reforma de la Ley de Financiación Autonómica y ante el azaroso camino asoma el dilema de quedarse sumidos en la parálisis o en una contumaz inoperancia.

La Ley de Transparencia, de acceso a la información y del buen gobierno es clara y el objeto de ella más aún. La transparencia no es sólo un derecho del ciudadano, es la vacuna que crea los anticuerpos que garantizan la higiene del sistema para erradicar la corrupción y que aporta la credibilidad necesaria para una democracia avanzada.

Convengamos que no facilitar los datos y hacer política de transparencia invisible no es producto de la incompetencia, ni un craso error, dejémoslo en que simplemente es tan sospechoso como chocante.

J. Mateos

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