Domingo, 07 de Junio de 2020

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POLÉMICA SOBRE LA CÁRCEL DE ARCHIDONA CONVERTIDA EN CIE

Críticas a Zoido que dice que los inmigrantes tienen "calefacción, ducha y ocio" en la cárcel

Piden al ministro que rectifique y consideran que se trata de un "atropello" de los Derechos Humanos

Críticas a Zoído que dice que los inmigrantes tienen "calefacción, ducha y ocio"

El Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, justifica la decisión de trasladar a la cárcel de Archidona a los más de 500 inmigrantes rescatados el pasado fin de semana en Murcia en que estarán en "mejores condiciones, con calefacción, duchas y espacios de ocio".

Zoido ha recibido un aluvión de críticas del Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ayuntamientos y sindicatos de prisiones que consideran la medida como un "atropello" de los Derechos Humanos. Los inmigrantes empezaron a llegar este lunes; todavía falta un reducido grupo para completar esa cifra de 519 traslados.

La alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero (PSOE), pide al Gobierno central que cumpla con la ley con los inmigrantes. La regidora asegura que el Ayuntamiento “poco puede hacer” al respecto, ya que las instalaciones no son municipales. El traslado de estas personas fue autorizado por siete jueces de diferentes salas, aunque añade Montero, “en los autos se refieren a un centro no penitenciario de la jefatura de la Policía Local de Archidona”, algo que ha desmentido: “El centro penitenciario Málaga II es una cárcel”.

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, en declaraciones a la SER, asegura que la decisión es "completamenta contraria" a lo que recoge la legislación de inmigrantes y anuncia que traslada el asunto ante el Defensor del Pueblo Español para "depurar responsabilidades".

Junto a las ONG´s, los más críticos con Interior están siendo también los sindicatos de prisiones: no solo porque consideran que se trata de un claro "atropello de los Derechos Humanos" sino tambien porque hay unos 300 funcionarios esperando a trabajar con plaza fija en estas instalaciones. El control en el centro lo están realizando actualmente policías nacionales, no funcionarios de prisiones, según denuncian los sindicatos UGT, CCOO y ACAIP.

Interior difundió ayer la noticia vía comunicado sin mencionar la palabra "penitenciario". Curiosamente las resoluciones dictadas por los juzgados de Murcia detallaban que los inmigrantes no podían ser internados en una prisión.

 Zoido señala que "el destino" de los inmigrantes irregulares "será devolverlos a su país cuando se hayan cumplido todos los trámites judiciales". Entretanto, según ha afirmado, permanecerán en el nuevo centro penitenciario de Málaga que aún no ha entrado en funcionamiento y que, según ha precisado, "todavía no es" una cárcel. "Se ha construido para ello pero no ha empezado a funcionar y no tiene las condiciones ni el régimen, ni el personal de instituciones penitenciarias", ha explicado el titular de Interior.

Los inmigrantes trasladados a Archidona "están igual que en los CIES" que se encuentran "desbordados", según ha explicado el ministro, que ha justificado la decisión para evitar tener que alojarlos "en campamentos como se han visto en otros países". Zoido ha explicado que el centro penitenciario está dotado con "nuevas tecnologías, calefacción, enfermería, televisión y campos de deportes (entre otros)" para garantizar las condiciones de los internos.

Entre tanto, el PSOE ha registrado una batería de iniciativas en el Congreso de los Diputados para que el Gobierno y concretamente el ministro de Interior den explicaciones por la "reclusión" de medio millar de inmigrantes en el centro penitenciario.

El portavoz de Interior, David Serrada; el diputado por Málaga Miguel Angel Heredia, y la portavoz de la Comisión Mixta del Defensor del Pueblo, María Dolores Galovart, han registrado estas iniciativas, incidiendo en que los inmigrantes llegados en pateras "no son delincuentes, son personas que huyen de la miseria y de las guerras y no merecen ser recluidos en un centro penitenciario".

En este sentido, han resaltado que tanto las diferentes leyes de Extranjería, como el reglamento de funcionamiento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), aprobado en 2014 por el PP, apuntan que, "con carácter preventivo o cautelar, el ingreso preventivo en centros no tendrá carácter penitenciario".

En concreto, señalan que el artículo 26.2 de Ley de Extranjería, refleja que los extranjeros internados en ellos "estarán privados únicamente del derecho ambulatorio". Por otro lado, indican que la sentencia 115/1987, de 7 de julio del Tribunal Constitucional (TC), que estima en parte el recurso interpuesto en su día por el Defensor del Pueblo, establece, entre otras consideraciones, que "la medida de internamiento tiene un carácter excepcional".

 

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