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Martes, 15 de Octubre de 2019

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Albiol y Pavón califican de "no ético" que la EUIPO contrate servicios a una empresa que trabaja desde India

Ambos apuestan por impedir o limitar que las empresas contratadas por las agencias descentralizadas de la UE deslocalicen sus puestos de trabajo

Reunión de Albiol y Pavón en la EUIPO /

La eurodiputada de IU, Marina Albiol, ha anunciado que solicitará a la Comisión Europea que los pliegos en base a los que las agencias descentralizadas de la Unión Europea contraten servicios impidan o limiten la deslocalización de puestos de trabajo para evitar situaciones como la generada con la adjudicación del contrato de mantenimiento y desarrollo de los sistemas informáticos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, EUIPO, ubicada en Alicante, que podría suponer el despido de hasta 150 trabajadores.

Este es el anuncio realizado por Marina Albiol tras los encuentros mantenidos ayer, junto al portavoz del Grupo Municipal Guanyar Alacant del Ayuntamiento de Alicante, Miguel Ángel Pavón, primero con algunos de los trabajadores afectados y después con el portavoz de la EUIPO, Luis Berenguer, y con dos de sus asesores jurídicos, para intercambiar impresiones y conocer los detalles del proceso de licitación del contrato de mantenimiento y desarrollo de los sistemas informáticos de la agencia a la empresa Sopra Steria, una empresa francesa con sedes en 20 países - una de ellas en Madrid -, cuyos principales centros de trabajo están radicados en India.

Marina Albiol, que ha señalado que desde la EUIPO "no han negado que la nueva adjudicación va a afectar a una parte de los trabajadores”, incide en que “la ley no impide que una subcontrata tenga centros de trabajo offshore, pero la contratación podría haberse realizado en otras condiciones, evitando la posibilidad del despido de hasta 150 personas que actualmente trabajan en ese servicio".

Albiol ha explicado que, según las condiciones de licitación, en la sede o a menos de dos horas debe trabajar el 25% de la nueva plantilla, y el resto, un 75%, pueden estar fuera de la Unión Europea.

Miguel Ángel Pavón ha calificado de "no ética" la decisión adoptada, ya que “se desplaza el servicio para reducir su coste a países en los que los salarios son más baratos y la legislación laboral es menos restrictiva”.

"Creemos que se está jugando con la deslocalización de puestos de trabajo para mejorar los resultados económicos de la Agencia, ya que el coste del contrato se ha reducido de 20 a 16 millones de euros, subiendo además del 50% al 70% el peso de la puntuación económica del anterior pliego al actual”, han indicado los políticos.

"No es solo cuestión de las directivas de la Unión Europea, sino también de la propia Agencia que marca unas condiciones en la licitación.

 

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