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Viernes, 28 de Febrero de 2020

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El Interventor de la Junta alertó a "las autoridades" de las irregularidades en los ERE

Las defensas niegan que existiera una trama para engañar al Parlamento

Este viernes las defensas han seguido exponiendo sus escritos ante el Tribunal que juzgará la pieza política de los ERE. José Rebollo, el abogado del exinterventor general de la Junta, Manuel Gómez, ha leído lo que dice su escrito de defensa, que Gómez elaboró los informes a los que estaba obligado alertando de las irregularidades que presentaba el procedimiento con el que la Junta estaba otorgando subvenciones a empresas. Su objetivo, ha señalado el letrado José Rebollo, era “alertar a las autoridades competentes, a las que tenían poder decisorio para poner fin a esas irregularidades”. Sus informes, con las advertencias, se remitieron a partir de 2005 a los consejeros de Hacienda, Empleo e Innovación.

Los diferentes letrados han tratado de desmontar cualquier teoría de la conspiración para crear un sistema ilegal con el que pagar ayudas. Y han hecho ver que es irracional pensar que los parlamentarios andaluces no se enteraban del contenido de la ley de presupuestos, que aprobaban cada año. Otros también han alertado que las leyes de presupuestos no pueden ser ilegales "porque ninguna ley lo es". "Las leyes son constitucionales o inconstitucionales" han repetido.

“No es factible, es absurdo, jamás se acreditará, es una conjetura pensar que hubo concierto o trama de centenares de personas de distinta procedencia e ideología política que impulsaron un procedimiento delictivo para que otras centenares de personas de las que jamás tuvieron noticia recibieran un dinero y sin beneficio propio”. Así lo ha dicho el abogado del ex secretario general de Trabajo, Javier Aguado Hinojal, Adolfo Cuéllar. Y con otras palabras lo han repetido otras defensas que han tomado la palabra para leer en alto sus escritos.

Todos han señalado también al Parlamento que era quien aprobaba las leyes de presupuestos donde se incluía la fórmula con la que se pagaban los ERE. Ningún parlamentario está acusado por ello porque la instructora entendió que donde constaba el procedimiento era en los anexos que acompañaban al proyecto de presupuestos. Pero las defensas no lo entienden así y han insistido en que “es un brindis de imaginación” pensar que el Parlamento desconocía cómo era ese procedimiento usado en Andalucía para pagar subvenciones a empresas durante una década. “Es inadmisible creer que durante tres legislaturas los parlamentarios andaluces no estaban capacitados para ejercer la magistratura para la que fueron elegidos. Esta tesis afrenta a los pilares del sistema democrático español”, se ha escuchado de boca de Cuéllar.

También han defendido los letrados que sus clientes no conocieron las advertencias de la Intervención sobre las irregularidades que estaba usando la Junta para conceder subvenciones “prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido”.

El abogado de Javier Guerrero, exdirector de Trabajo, la persona que propició con una declaración policial la investigación sobre los ERE, no ha presentado escrito de defensa “por estrategia procesal”, según su abogado, Fernando de Pablo.

El juicio continuará el nueve de enero con las cuestiones previas. Después "habrá una pausa" en la celebración del juicio "para estudiar y resolver", ha señalado el presidente del Tribunal, Juan Antonio Calle Peña.

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