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Sábado, 25 de Enero de 2020

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El TC declara nula e inconstitucional la compensación de 1.350 millones a Escal UGS por Castor

En 2014, el Gobierno aprobó un real decreto ley en el que se reconocía una compensación de 1.350 millones de euros cuyo importe se repercutiría durante 30 años en la tarifa de gas

El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado "nulos e inconstitucionales" algunos artículos del real decreto ley, aprobado el pasado 3 de octubre de 2014, que contemplaba la hibernación del almacenamiento subterráneo de gas de Castor, frente a las costas de Vinaròs (Castellón), y en el que se reconocía una compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal UGS, participada por ACS.

De esta forma, el Constitucional ha admitido "parcialmente" los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Parlamento de Cataluña, así como por la Generalitat catalana y por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.

Por ello, este organismo declara "inconstitucionales y nulos" los artículos 4 a 6 y precisa que no ve ninguna razón para haber aprobado dicha compensación mediante un decreto ley, puesto que esta medida únicamente está justificada ante la existencia de una situación "de extraordinaria y urgente necesidad a la que debiera hacerse frente".

En su sentencia, el Tribunal no entra en el fondo la indemnización que recibió Escal UGS por la decisión adoptada sobre Castor, centrándose más en el fondo de cómo se hizo esa indemnización a través de la aprobación de un Real Decreto de urgencia.

En 2014, el Gobierno aprobó un real decreto ley en el que se establecía la hibernación del almacenamiento subterráneo de gas de Castor y en el que se reconocía esta compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal UGS, cuyo importe se repercutiría durante 30 años en la tarifa de gas.

"NO SE ADUCIDO NINGUNA RAZÓN" QUE JUSTIFICARA EL DECRETO URGENTE

No obstante, el fallo señala que "no se ha aducido ninguna razón" que acredite la existencia de "una situación de extraordinaria y urgente necesidad a la que debiera hacerse frente" con el Real Decreto y que "justificara la aprobación de la norma de urgencia".

Asimismo, destaca que la utilización del decreto-ley como instrumento de habilitación de créditos, el ahorro o ventaja económica que pueda derivarse de una terminada operación no es un "argumento válido para justificar la situación de 'extraordinaria y urgente necesidad' requerida en el artículo 86 CE, "si no va acompañado de una justificación adicional" que explicite las razones por las cuales la asignación del pago al sistema gasista ha de llevarse a cabo "en unos términos y plazos tan perentorios como para excluir el recurso al procedimiento legislativo ordinario o de urgencia".

Además, considera que, admitida la existencia de una situación de urgente necesidad que, por los movimientos sísmicos habidos en el entorno de la instalación de almacenamiento de gas Castor, pondría en riesgo de personas, bienes y el medio ambiente, se ha convenir, tras un examen particularizado de las circunstancias concurrentes en el presente caso, en que las medidas adoptadas en los artículos 4 a 6 del Real Decreto-ley "no guardan la debida conexión de sentido con dicha situación y su adopción representa una inadecuada alteración del sistema de fuentes del Derecho que no encuentra cobertura en la regulación que del artículo 86.1 contiene nuestra Constitución".

Por contra, el tribunal sí que avala la constitucionalidad que regula la hibernación de las instalaciones, así como la atribución de su administración a una nueva empresa.

DETENIDO DESDE 2013

La actividad de Castor se encuentra detenida desde 2013, cuando se detectaron, durante la fase de llenado de gas colchón, movimientos sísmicos.

El almacenamiento fue puesto en hibernación en 2015 y este año se conoció un informe del Massachusetts Institute of Technology (MIT) que concluyó que los terremotos, de hasta 4,3 magnitud Richter, que se produjeron al final del verano de 2013 fueron causados por las inyecciones de gas en el silo.

Tras conocerse el informe, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, afirmó que el almacenamiento de gas de Castor no se reabriría y que su desmantelamiento se produciría tras la elaboración de "muchos estudios" que permitan a su departamento tener "las garantías" de que esta decisión "no va a suponer ningún problema".

Reacciones

El diputado nacional del PSPV por Castellón Artemi Rallo ha mostrado este viernes su "satisfacción" por el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que anula la indemnización de 1.350 millones de euros a la empresa promotora del almacén de gas Castor, y ha asegurado a Europa Press que el Gobierno, al arbitrar un mecanismo "tan urgente" para la indemnización, "antepuso los intereses privados a los generales".

Rallo ha calificado la decisión que adoptó entonces el Gobierno de "arbitraria e injustificada", pues -ha añadido- el decreto ley "hacía que se abonara de forma inmediata -en 30 días- una indemnización escandalosa, que los ciudadanos debían de pagar en 30 años".

"Esto suponía un despropósito general que el Tribunal Constitucional ha reparado", ha señalado el diputado, quien considera que el Gobierno "ha salido por peteneras aludiendo a un supuesto defecto formal que no es tal, sino que es una excusa recurrente y que también utilizó cuando se declaró inconstitucional la amnistía fiscal".

Rallo ha resaltado el papel que jugó el actual presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, "cuando se interpuso el recurso de inconstitucionalidad, que promovió el Grupo Parlamentario Socialista, para que se reparara esta situación lamentable".

"FUERA DE TODA LÓGICA"

El PSPV-PSOE de Castellón también ha celebrado el fallo del Tribunal Constitucional (TC), con el cual -según ha apuntado- adquiere "rango de verdad judicial" lo que el Partido Socialista ya advirtió en 2014, que el Gobierno de Rajoy "no gobierna para el conjunto de la sociedad, sino para favorecer a los sectores más poderosos, a cuyo dictado parece actuar".

Como el PSPV-PSOE puso de manifiesto en 2014, estaba "fuera de toda lógica" que en un momento como aquel, en el que se estaba aplicando una "despiadada" política de recortes sociales, se decidiera aprobar un decreto ley para tramitar por la vía de urgencia el pago de una indemnización multimillonaria, "a todas luces injusta".

El PSPV ha pedido que el PP aclare cuáles fueron los motivos que le llevaron a pagar de forma "tan rauda y veloz" una indemnización de 1.350,7 millones de euros a las empresas de Florentino Pérez. "Lo que se imponía en un momento como aquel era realizar un análisis de la situación medioambiental, administrativa, jurídica y económica que se creaba a partir del momento en el que se produjeron los terremotos, para tomar una decisión con calma, que se ajustara al Derecho y a la lógica", ha concluido.

 

Compromís ha solicitado la comparecencia en el Congreso del ministro de Energía, Álvaro Nadal, para que explique "qué piensa hacer el Gobierno" tras la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de declarar "nulos e inconstitucionales" algunos artículos del real decreto ley de 2014 que reconocía una compensación de 1.350 millones para la empresa promotora Escal UGS, participada por ACS, por la hibernación del almacén subterráneo de gas de Castor, frente a las costas de Vinaròs (Castellón).

La diputada de Compromís por la circunscripción de Castellón, Marta Sorlí, ha subrayado al respecto que el Constitucional declara nulos los artículos que compensaban económicamente y "de manera urgente" la suspensión de la actividad del almacén por los pequeños terremotos que se produjeron en el Maestrat. Se trata, en su opinión de "otro duro golpe para el Gobierno y la empresa de Florentino Pérez --presidente del Real Madrid--, ACS, ya que este mismo año salió el documento del Ministerio de Energía que demuestra que el proyecto fue una autoadjudicación sin precio.

Es decir, que el concurso fue redactado expresamente para que la concesión fuese para su empresa", ha denunciado. Por tanto, la parlamentaria ha reivindicado que "no podemos dejar pasar ni un minuto más sin que haya responsables políticos ante esta estafa orquestada por Florentino y los gobiernos del PSOE y del PP". Sí ha manifestado la confianza de Compromís en que "ACS devuelva hasta el último céntimo de los que se le han pagado de más de los bolsillos de la gente". Sorlí ha recordado que "Castor se inició en 2007 con 400 millones de euros de presupuesto y acabó con 1.272 millones, en 2010". "No se puede saquear las arcas públicas con negocios oscuros que han llegado a provocar terremotos y que no haya un solo responsable político", ha manifestado, para insistir en que "la gente necesita que se esclarezca quién hizo qué hasta llegar a la chapuza del Castor en Vinaròs".

"EXPOLIO DE DINERO PÚBLICO"

También los senadores de la coalición, Carles Mulet y Jordi Navarrete, han valorado la sentencia. "El tiempo acaba dándonos la razón, la indemnización como advertíamos era ilegal, ilegítima y un expolio de dinero público; ahora esperamos que la justicia vaya más allá y ante un pago ilegal se actúe penalmente contra el entonces ministro de energía, José Manuel Soria, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y todo el Consejo de Ministros", han reclamado.

El senador vinaroncense Jordi Navarrete ha recordado que "precisamente fue el PP quien se opuso en el Senado a la comisión de investigación sobre el Castor, solicitada para depurar responsabilidades por toda la caótica tramitación, los riesgos a los cuales se sometió a la ciudadanía y esta indemnización fraudulenta a Florentino Pérez". "Actuaron de manera ilegal, para beneficiar con dinero público a un personaje que tendría que estar ante los tribunales por poner en riesgo a toda la comarca, y luego bloquearon que se pudiera investigar y dar luz a la tramitación", ha reprochado. Por su parte, el portavoz de la formación en la Cámara Alta, Carles Mulet, ha recordado que justamente que esta semana se hacía eco que la indemnización se dio incumpliendo la legalidad, al no estar operativa la planta "de acuerdo con el Real Decreto de la Concesión de 2008, se abonará el valor neto contable siempre que las instalaciones sigan operativas y en el caso del Castor esto no se dio, pues se frenó la inyección de gas con los primeros temblores". "Jamás han estado en funcionamiento las instalaciones como para que se les otorgara el acta de puesta en servicio definitivo, por lo que son necesarias explicaciones de si la planta estaba, o no, operativa y por qué se abonó la totalidad de la indemnización hasta el último día, que se está cargando a los consumidores de gas a pesar de no funcionar estas instalaciones correctamente", ha insistido.

Compromís afirma que, ante varapalo, "urge depurar responsabilidades y que no quede impune esta decisión". "Ahora a ver cómo se retorna por parte de Escal UGS el dinero de la indemnización que cobró de manera urgente con nocturnidad y alevosía, a ver cómo se resarce a los usuarios que han podido abonar el canon de esta indemnización con sus recibos de consumo". Y añade: "Si la indemnización era inconstitucional, se puede deducir que la empresa no actuó tampoco de acuerdo a la ley y es responsable de poner en riesgo a la ciudadanía, tanto Florentino Pérez como todo el Consejo de Ministros, que actuaron contra la ley, por lo que no han de quedar impunes".

 

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