La querella de la Fiscalía en el Caso Desaladora, punto por punto

Murcia

Un resumen, bastante claro, en dos párrafos, extraído de fragmentos de la querella del fiscal superior José Luis Díaz Manzanera

“Las empresas explotadoras de la desaladora con el 49% del capital de una sociedad pública pertenecen al mismo grupo, ACS, que las empresas constructoras” que vendieron el otro 51% al ente público del agua.

“Juntas, han conseguido construir y vender una planta desaladora en la ruina a la Administración regional murciana, junto con un contrato de mantenimiento de más de 25 años” que nos puede costar 600 millones de euros.

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¿Quiénes son los querellados?

El principal es el exconsejero Antonio Cerdá, como Presidente del Consejo de Administración del Ente Público del Agua. Junto a él, están varios altos cargos de este ente público entre los que se encuentran el que fue gerente y el actual presidente de la CHS, Miguel Ángel Ródenas, junto a cinco personas más.

También se dirige hacia varios abogados, como miembros del Consejo de Administración de la empresa pública 'Desaladora de Escombreras S.A.', también a varios letrados que fueron administradores de la mercantil “HidroManagement S.L.” y uno más, como consejero delegado de la mercantil “Cobra Instalaciones y Servicios S.A.”, dependiente del grupo ACS.

También se involucra a miembros de las empresas Tedagua e Hidronostrum S.A.

¿Qué se investiga? Primero, a un grupo de empresas dependientes de ACS

La mercantil “HIDROMANAGEMENT S.L.” se constituyó por varios empresarios murcianos con un capital social inicial de 12.000 euros, que fue aumentando hasta alcanzar en 2013 un activo de 155.520.184 euros, teniendo como objeto social, entre otros, la desalación de agua de mar.

Diferentes movimientos empresariales dan entrada en la empresa a TEDAGUA, participada por una filial de ACS llamada Cobra.

Después, al ente público del agua

En julio de 2005 se creó 'Ente Público del Agua' (EPA) de la Región de Murcia. Con Antonio Cerdá como presidente. Entre las directrices marcadas, dice la fiscalía, estaban que el EPA que no realizaría inversiones públicas en construcción de plantas desaladoras, que no supondría una carga para la Hacienda Pública, y que cualquier propuesta de decisión debía venir acompañada de un informe jurídico de Hacienda.

El fiscal denuncia que no se cumplió ninguna de estas normas porque entregaron el control de la obra y posterior gestión de la desaladora a las empresas privadas presentes en la querella y “cuyo único objetivo era el que la Administración Pública Regional asumiese íntegramente todos los costes millonarios que se iban a generar, sin asumir aquella ninguna carga ni obligación”.

Para ellos “se marcaron los pasos a seguir de una forma meditada entre todos los intervinientes, los querellados", que, dice el fiscal, “obraron puestos de común acuerdo”.

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Lo hicieron mal: le dieron control a empresas privadas que no tenían autorización

Hay un detalle importante. Y es que el fiscal dice que se cedió la construcción y gestión de la desaladora a empresas privadas “sin tener autorización alguna o concesión de aguas marinas y de vertido al mar, ni concesión de usos privativos de recursos hídricos de la CHS, ni tener terrenos para su construcción. Únicamente existía una Declaración de Impacto Ambiental y de una licencia de actividad y de obras del ayuntamiento de Cartagena.

¿En qué consiste la ilegalidad? En ceder el control público

En enero de 2016, dice el fiscal que, “como prueba del concierto no solo entre las empresas privadas citadas sino también con el Gobierno Regional y en concreto con el entonces consejero Cerdá” éste cedió gratuitamente al Ente Público del Agua, una gigantesca parcela en el Valle de Escombreras, con la finalidad de construir allí la desaladora.

Después aprueba la creación de Hidronostrum S.A. (HN), con capital 100% público (60.000 € que salen del EPA) y, paralelamente, se constituye en Madrid la empresa 'Desaladora de Escombreras S.A' en la que ya está presente la empresa Cobra (dependiente de ACS).

Esta última empresa se crea con capital privado pero “con un fin claro desde el principio: que se transforme en empresa pública y que a continuación asuma ésta, ya con cargo al erario público, todas las millonarias operaciones que se plantean” sorteando la legislación sobre contratación pública.

Ese mismo mes, “sin contar con las concesiones administrativas ni autorizaciones pertinentes”, se arrienda la planta desaladora e infraestructuras asociadas a las empresas privadas y empieza el fraude.

El contrato de arrendamiento es la clave: el paso a manos privadas tenía unas condiciones draconianas

Dice el fiscal que se fijan unas condiciones económicas millonarias a favor de ACS. El período del arrendamiento es “hasta enero de 2035” y añade una cláusula que dice “en caso de resolución anticipada” habrá que pagar con dinero público el “importe íntegro de las rentas del alquiler hasta la finalización del contrato”.

El mismo día en Murcia, dice el Fiscal, se firma “otro contrato multimillonario de operación y mantenimiento por un periodo de 25 años desde la fecha".

La querella lo deja claro: con estos dos contratos privados millonarios se carga al erario público pagar tanto el arrendamiento de la planta futura, como el mantenimiento de la misma durante 25 años desde su construcción

Se vendió el 51% de la empresa a la pública y se hizo sin informes jurídicos.

En febrero de 2006, el Consejo de Gobierno autoriza al EPA a la creación de la empresa pública regional 'Hidronostrum S.A.'. Para todos sus siguientes y arriesgados movimientos “no se pidieron informes jurídicos” y es raro porque cuenta el fiscal “el mismo día 17-2-06 de su constitución se firma en Murcia una importante escritura de venta de 60.500 acciones de la empresa privada que gestiona la desaladora. Por sólo 7000 euros".

Era el 51% de las acciones y las compraba la empresa pública.

Y ni siquiera se pagó ese día

Hay un detalle curioso que cuenta así el fiscal: “Cerdá no pagó ese día nada ya que al haberse constituido el mismo día Hidronostrum el dinero del capital social estaba bloqueado en la cuenta de CajaMurcia. Además, HN ni siquiera tenía CIF ni estaba inscrita en el registro mercantil por lo que se infringe la normativa tributaria".

También dice el fiscal que ha podido demostrar que “se simula una Junta General (en Molina de segura) y se emite un certificado de una presunta reunión el misma día 17 donde solo estuvieron presentes algunos firmantes y no todos”.

La clave

El fiscal lo explica muy bien en uno de sus párrafos: “Por tanto, nos encontramos que en tan solo 24 días (desde el 25 de enero de 2006 hasta el 17 de febrero de 2006) que se ha convertido una empresa privada 'Desaladora de Escombreras S.A.' en una empresa pública de la Región de Murcia: 'Desaladora de Escombreras S.A.U.'. Saltándose la normativa citada, una empresa privada pasa a ser empresa mercantil pública, y por tanto, todas las obligaciones leoninas contraídas por la privada como empresa privada se asumen íntegramente por la empresa pública, y por tanto, por la Administración Regional y por el Erario Público regional.

¿Y todo se hizo sin que nadie lo supiera? Sí, vulnerando la ley de contratos públicos

Dice el fiscal que “todo esto supone un incumplimiento de la normativa sobre contratación pública, al haberse evitado la oferta de esa obra pública a otros empresarios”.

Y añade: “Se hizo la obra eliminando cualquier riesgo de la empresa privada en todo caso la cual siempre ganaba, y además utilizando un préstamo bancario que era avalado por la propia Administración a través del Ente Público del Agua”.

Y un párrafo más: “De la lectura de estos contratos se observa que del negocio que se ha generado sale beneficiado solamente una empresa privada, ya que ésta consigue ser la constructora de una planta desaladora que va a ser pagada con dinero público sin licitación pública” y además otra privada “resulta adjudicataria de un contrato de mantenimiento de una planta desaladora durante 25 años, con el peligro evidente de no disponer de todas las licencias y autorizaciones administrativas pertinentes”.

Hablamos de un posible fraude de millones de euros en el que hay un préstamo bancario de por medio

Hidronostrum concertó un préstamo con Banesto para la construcción de la desaladora por 111 millones de euros.

“Con el fin de evitar el más mínimo riesgo financiero para ella”, dice el fiscal, “se acuerda y se consigue que otro organismo público avale el préstamo: el Ente Público del Agua” que ante el banco se compromete a no rebajar su participación del 51 % en Desaladora.

El fiscal lo resume así: “En sólo 3 meses está todo el negocio u operación perfectamente cerrado” y añade “dos empresas privadas van a ser los únicos que van a hacer “negocio” sin asumir ningún tipo de riesgo y sin aportar ningún tipo de gasto para la inversión.

Los auditores de la planta certifican la “catástrofe para el erario público”

Desde los primeros informes de la Intervención General y de la empresa Auditeco se hace constar las continuas pérdidas a las arcas públicas en la gestión y explotación de la desaladora que se están produciendo. Y aun así el entramado empresarial público y privado sigue sin disolverse, “pese a las múltiples advertencias de aquellos” tornándose la situación dramática para el erario público.

En todas las auditorías “se comprueba desde el primera año 2006, que todo van a ser pérdidas”. Un ejemplo: Hidronostrum en 2009 tuvo pérdidas por 3.041.536,64 euros, incluso recibiendo una “subvención” pública del EPA de 1.034.976,30 euros, que sirve para pagar a las empresas privadas.