Viernes, 25 de Septiembre de 2020

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La Audiencia obliga a mantener abierta la instrucción del desfalco de San Fernando

Acuerda el sobreseimiento de la causa contra la tesorera y el interventor del Ayuntamiento isleño

El funcionario Clemente Ruiz, principal acusado del desfalco, a su salida de la cárcel en 2011

El funcionario Clemente Ruiz, principal acusado del desfalco, a su salida de la cárcel en 2011 / EFE

La Audiencia Provincial de Cádiz ha dictado una resolución en la que obliga a mantener abierta la instrucción abierta en un juzgado de San Fernando (Cádiz) por el desfalco detectado en el Ayuntamiento de esta localidad en 2009 y practicar nuevas diligencias. Esta misma decisión acuerda el sobreseimiento de la causa abierta contra la tesorera y el interventor municipales, que permanecían, hasta ahora, como investigados.

Según la resolución a la que ha tenido acceso la SER, la Audiencia Provincial atiende los recursos presentados por la Fiscalía y los abogados defensores de la tesorera y el interventor, que habían sido incluidos como investigados en su auto de cierre de instrucción por la jueza que llevaba el caso en el juzgado de instrucción número dos de San Fernando. Acuerda el sobreseimiento de la causa contra ellos.

El fiscal había recordado que la actuación de ambos podía considerarse de negligencia o malversación involuntaria, puesto que no evitaron que durante siete años el funcionario Clemente Ruiz, en colaboración con la otra cajera, María José Lebrero, sustrajese más de siete millones de euros de la caja municipal de San Fernando. Pero el Ministerio Público recordaba que la malversación involuntaria dejó de ser delito en España en 1995.

La Audiencia Provincial le da la razón. "En todo caso, existiría un descuido en el ejercicio de sus funciones, pero eso no puede considerarse como conducta dolosa, más aún cuando los recurrentes no tenían el deber de custodiar los fondos, sino tan sólo un deber genérico de control", dice la resolución. Recuerda también que ambos tuvieron que asumir su responsabilidad subsidiaria ya en el Tribunal de Cuentas.

Añade que "no exista ningún indicio para pensar que el interventor y la tesorera fueran conscientes de la omisión de sus funciones y colaboraran activamente en la sustracción del dinero de la caja municipal".

La resolución, aunque cierra la instrucción sobre la tesorera y el interventor, la mantiene abierta sobre el resto de imputados, a pesar de que la jueza del juzgado de instrucción de San Fernando intentara cerrarla en un auto de 2016 para poder fijar la fecha del juicio. La Audiencia atiende aquí también el recurso de la Fiscalía, que reclamaba que la instrucción siguiera abierta hasta que se practicasen diligencias pendientes. Entre ellas, comisiones rogatorias a Marruecos para que declaren como investigados los miembros de la familia Buselhan, supuestos receptores del dinero sustraído, a los que se acusa de posible blanqueo de capitales.

La jueza de San Fernando había considerado mejor dividir la causa, de forma que se cerrase la instrucción del desfalco y abrir otra sobre el blanqueo pero la Audiencia da la razón a la Fiscalía y considera que antes de cerrarse y tomar la decisión sobre la división de la causa se deben practicar esas diligencias pendientes. En total, se va a pedir que declaren seis miembros de la familia marroquí. "El tiempo que lleva la instrucción no es un argumento válido para pretender la separación de la causa a día de hoy".

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