Aplazado el juicio del caso Eólico por incomparecencia de Briganty

Las Palmas de Gran Canaria

El inicio del juicio por el caso Eólico que, 14 años después, estaba previsto que comenzara este miércoles se ha aplazado porque el abogado Alfredo Briganty no ha comparecido.

Briganty es uno de los seis acusados en este caso que intenta aclarar una supuesta trama de corrupción en la adjudicación de potencia eólica en 2004, cuando la Consejería de Industria del Gobierno canario estaba en manos del PP.

El magistrado que preside el tribunal de jurado, Pedro Herrera, califica esta situación de "peculiar y curiosa" y ha decidido cursar la orden de busca y captura, además de una multa de 18.000 euros y la apertura de un expediente disciplinario, a petición del fiscal anticorrupción, Luis Del Río. 

Según el TSJC, Briganty había presentado un escrito la noche antes del inicio del juicio informando de que no iba a presentarse a la fase de selección del jurado pues "está pendiente de resolver el recurso de súplica contra la negativa de facilitar copia de las actuaciones y conceder el aplazamiento", si bien el documento aún no estaba registrado en el Decanato el día del juicio. 

Se da la circunstancia de que Briganty se defiende a sí mismo al renunciar a su abogado y un juicio no puede celebrarse sin la presencia del representante legal que, paradójicamente en este caso, es la misma persona.

Briganty se enfrenta a una solicitud de condena de año y medio de cárcel por un delito de cohecho, acusado de haber sobornado hace 14 años al entonces director general de Industria y Energía del Gobierno de Canarias, Celso Perdomo, para obtener ventajas en el concurso de asignación de parques eólicos.

El abogado de la acusación particular representante de la sociedad mercantil Clean Electric, Juan Sánchez Limiñana, lo considera una estrategia para dilatar aún más el juicio, si bien entiende que igual tiene una "explicación".

Sí acudieron a la Ciudad de la Justicia, aunque con retraso, los otros cinco acusados: el exdirector de Industria, Celso Perdomo; su pareja y funcionaria del Cabildo de Gran Canaria Mónica Quintana; el exfuncionario Honorato López y los empresarios Enrique Guzmán y José Ignacio Esquivel.

La fiscalía pide para Celso Perdomo siete años de prisión por malversación de caudales públicos, cohecho y revelación de secretos y para su pareja Mónica Quintana tres años y medio por malversación y cohecho.