ACPT pide al Gobierno de Cantabria que intervenga los servicios sociales de Torrelavega

Torrelavega

Asamblea Ciudadana por Torrelavega (ACPT) pide al Gobierno de Cantabria que asuma "inmediatamente" la gestión de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Torrelavega para garantizar el acceso de los mismos de toda la población en unas condiciones "dignas".

La formación justifica su petición porque el consistorio "no es capaz de garantizar" el funcionamiento de estos servicios como consecuencia de la "grave" situación en la que se encuentra el departamento que dirige la concejala socialista, Patricia Portilla.

Según ACPT, la edil es la "responsable directa" de la situación actual por su "absoluta incapacidad para gestionar, controlar y resolver" los problemas que arrastra el servicio, y que se remontan al año 2003.

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El portavoz de Asamblea Ciudadana por Torrelavega, iván Martínez, ha denunciado la "parálisis" de los Servicios Sociales municipales, ya que, desde este lunes, de las tres sedes existentes en la ciudad, una está "completamente cerrada", la situada en la plaza Baldomero Iglesias. En esta dependencia tan sólo se encuentran trabajando actualmente el gerente del servicio, una administrativa y las educadoras sociales, pero ninguno de ellos puede tramitar ayudas.

Las otras dos, situadas en el Barrio Covadonga y en La Inmobiliaria, están funcionando al 50 %, "situación", según ACPT, "a la que se ha llegado tras la baja laboral de cuatro de las seis trabajadoras sociales que hay en plantilla".

"Esto significa que los vecinos y vecinas de toda la zona centro, Zapatón, Nueva Ciudad, Tanos, SIerrapando, Viérnoles, La Montaña y Campuzano, se encuentran sin posibilidad de ser asistidos por los Servicios Sociales", señala el portavoz municipal de la formación política que más beligerante se está mostrando con la gestión en este campo que está haciendo el equipo de Gobierno municipal a lo largo de la legislatura.

Iván Martínez asegura que, en este momento, "dos terceras partes de Torrelavega no tienen garantizado su derecho a las coberturas sociales".

Se trata, según explica, "de un nuevo capítulo de la ya de por sí deteriorada situación de los Servicios Sociales, que actualmente se encuentran colapsados como consecuencia de la guerra que se está produciendo entre los responsables políticos municipales y las trabajadoras del servicio".

Una situación que se ha hecho palpable con la gestión y tramitación del Fondo Extraordinario de Suministros Básicos de 2018, que acumula más de 800 solicitudes de las que "tan sólo se han resuelto una decena de ellos en los dos últimos meses".

Además, sostiene ACPT, otros servicios como la Ayuda a Domicilio, la Teleasistencia, las ayudas municipales al alquiler y las ayudas para la compra de material "están también ralentizadas por no decir que prácticamente paralizadas".