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Denuncian el desahucio de una mujer a cargo de un hijo pequeño

Ha sufrido violencia de género, su casera no le quiere renovar el contrato y podría quedarse en la calle el martes 22

Bouchra tiene una orden de desahucio para el próximo  martes día 22. Es originaria de Tánger, Marruecos, pero lleva en España desde el 2002 y en Vitoria desde el 2006. Hace seis años que vive en la calle Pintorería con su hijo de siete años. Sufrió malos tratos tras casarse. Maltratos "que siguieron tras el nacimiento se su hijo", explica Karmele Tellitu, portavoz de Kaleratzeak Stop Araba, en nombre de Bouchra, quien no habla bien el castellano. Su exmarido entró en prisión por malos tratos y ahora no le paga la pensión de manutención.

El año pasado la propietaria del piso en el que vive le anunció que no le renovaba el contrato de alquiler, vigente desde 2012 y por el que paga 450 euros mensuales, y que debía abandonar la vivienda pese a que ella le ha pagado "todas las mensualidades", asegura. 

Ella y su hijo viven gracias a los 750 euros mensuales que recibe de ayudas sociales  más un complemento de 250 euros a la vivienda.  Desde que la propietaria le anunció que tenía que abandonar la vivienda "ha intentado encontrar otro piso, pero le piden una nómina, 3.000 euros de aval bancario y dos o tres meses de adelanto que no puede abonar", apuntan en Kaleratzeak Stop. Desde esta plataforma denuncian que la intervención municipal ha sido mínima. "Lo único que le dijeron es que buscara un piso o una habitación para ella y el niño y, sino, acudiera al servicio de urgencia de la calle San Antonio cuando fuera desahuciada".

Bouchra, además, asegura que lleva con la caldera estropeada cuatro años por lo que no tienen ni calefacción ni agua caliente y tienen que ir a ducharse al centro cívico Aldabe. "Me cuelga cuando le llamo desde cualquier teléfono para decirle que me arregle la caldera", lamenta.

Desde la plataforma denuncian que las instituciones públicas le deberían dar una solución ya y no esperar a que sea desahuciada. Dicen que ello supone "una violación del pacto internacional de derechos sociales".

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