El juzgado cita a declarar como investigados a los concejales Francisco Pomares y Teresa Porras por el caso Villas del Arenal

Málaga

El Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga, que instruye el caso Villas del Arenal, ha citado a declarar como investigados a los concejales del PP en el Ayuntamiento de Málaga Teresa Porras y Francisco Pomares y al Gerente de Urbanismo José Cardador.

En un auto del tribunal, fechado el pasado 13 de febrero, al que ha tenido acceso esta emisora, el Juzgado los ha citado a los tres el mismo día, el próximo 25 de abril ,para que presten declaración asesorados por los abogados José Carlos Aguilera y José Caba, dos letrados de larga trayectoria que, en diversas ocasiones han defendido a cargos públicos socialistas incursos en procesos judiciales.

Recordar que en la denuncia presentada por la Fiscalía, por las presuntas irregularidades en la tramitación de expedientes urbanísticos sancionadores en la promoción Villas del Arenal, consideraba que los hechos podían ser constitutivos de delitos de malversación, prevaricación por omisión, tráfico de influencias y falsedad en documento público.

Además, el tribunal cita a declarar como testigos a otras nueve personas. Cinco de ellos el 30 de abril, entre otros Esther Sedano, Teresa Domingo y Alberto Iñiguez, los tres ex responsables del departamento de Inspección y Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Málaga que denunciaron supuestas presiones de Porras, Pomares y Cardador para dejar pasar y no sancionar a los vecinos de Villas del Arenal que habían cometido irregularidades urbanísticas.

El juzgado cita el siete de mayo a otros cuatro testigos entre ellos los técnicos y la responsable de urbanismo que formaron parte del presunto equipo B creado por Urbanismo para dar carpetazo a los expedientes sancionadores de Villas del Arenal.

En este auto el Juzgado de Instrucción 8 de Málaga ordena a la Policía Nacional que investigue la posible alteración informática de los expedientes de disciplina urbanística de Villas del Arenal, la posible desaparición de documentos, el nuevo foliado y la presunta alteración informática de la identidad de uno de los expedientados, algo que el PSOE llevó en su denuncia a la Fiscalía.

Igualmente solicita a la Delegación en Málaga de la Consejería de Ordenación del Territorio para que emita informe técnico para determinar el posible perjuicio económico que la falta de tramitación y/o conclusión de estos expedientes ha podido tener para las arcas del Ayuntamiento de Málaga.