Una bonificación del 50 por ciento en la recaudación fiscal del Territorio SSPA le costaría al Estado 335 millones de euros

Soria

El lobby de las Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (Red SSPA) formo por las patronales de Soria, Cuenca y Teruel que corresponden con la provincias más despobladas del país con menos de 9 habitantes por kilómetros cuadrado, afirman que es posible una fiscalidad reducida en las zonas despobladas. Lo reflejan en el informe que han encargado a un grupo de expertos de la Universidad de Valladolid, coordinado por el Doctor en Economía José Antonio Herce San Miguel, y financiado desde con fondos europeos Leader que gestionan los 16 grupos de acción local de las tres provincias.

En España existen dos zonas geográficas que cuentan con un régimen fiscal diferenciado que son el archipiélago canario y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. La condición de zona ‘Ultraperiférica Geográfica’ es la que las justifica el reconocimiento explícito de un Régimen Económico y Fiscal diferenciado dentro del Estado por la lejanía respecto a los recursos. La esencia se basa en el mantenimiento de una menor presión fiscal dentro del territorio español que compense, en cierta medida, los costes adicionales que se derivan de sus particularidades. De esa manera, atendiendo a la realidad económica y social de los territorios despoblados, el informe del grupo de expertos contempla establecer un régimen fiscal diferenciado que se rija por el sistema tributario español, pero con ciertas modificaciones, que se traducen en incentivos de índole fiscal para la repoblación de lo que han denominado la ‘Ultraperiferia Demográfica’ española. El análisis advierte de que la creación de una zona con un régimen fiscal diferente en función de la demografía supone incurrir en una Ayuda de Estado porque favorece a ciertos territorios ofreciendo ventajas, afectando por ello a la competencia. Aun incurriendo en Ayuda de Estado, se podría implementar una fiscalidad específica para la Ultraperiferia Demográfica por cuanto la propia UE permite su eventual existencia.

La propuesta consiste en la bonificación de una serie de figuras fiscales que repercuten en las personas físicas y en las empresas con el fin de aumentar el atractivo de estos territorios tanto para que las personas y empresas residentes encuentren razones adicionales para mantenerse en el territorio como para que nuevos pobladores y empresas procedentes de otros territorios se vean estimulados a asentarse y, especialmente, a crear empresas que dinamicen el tejido de actividad y empleo y poblacional ya existente.

Se invoca a menudo una razón adicional para una fiscalidad diferenciada basada en la geografía de la despoblación: el sobrecoste que sufren los habitantes de estos territorios tanto por la escasez de centros de servicios (educación, sanidad o servicios sociales) como por el difícil y más costoso acceso a los mismos. Sin embargo, estas razones no son las que sustentan la necesidad de una fiscalidad diferenciada como la que se defiende en este informe porque “puede que ni haya tan pocos servicios disponibles en la Ultraperiferia Demográfica ni que el acceso a los mismos sea más complejo ni más caro que en los ámbitos geográficos más poblados si supiéramos cómo arbitrar soluciones imaginativas sobre la base de los recursos ya disponibles para la movilidad; con innovación decidida en materia de movilidad colaborativa (más “bancos de horas” o “créditos de servicios”) y concentración de centros de servicios en cabeceras comarcales, la población de la Ultraperiferia Demográfica estaría tan bien servida, si no mejor, que la del resto del territorio”.

Los académicos proponen que a escala autonómica se deben estudiar reducciones en los tipos de gravamen aplicables a los impuestos cedidos a las Comunidades Autónomas como son el Impuesto sobre el Patrimonio (IP), Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD), Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISyD) y tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Se debería estudiar también la eliminación del límite de edad y renta para que todos los individuos puedan acogerse a las deducciones que en la actualidad han regulado las distintas Comunidades Autónomas en el tramo autonómico. Igualmente habría que crear nuevas deducciones en la Cuota Íntegra Autonómica del IRPF tanto para autónomos que ejerzan una actividad económica en estos municipios como para individuos que decidan fijar su residencia habitual en los mismos, sin discriminar por el volumen de renta que declaren o por la edad que tengan.

A escala estatal proponen la deducción en la Cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre las rentas obtenidas en estos territorios, añadiendo bonificaciones en la Cuota del Impuesto sobre el Patrimonio para residentes sobre la parte de Patrimonio Neto radicado en el municipio, en la Cuota del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para residentes, en la Cuota del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y en la Cuota del Impuesto sobre Sociedades sobre los beneficios obtenidos por empresas con domicilio fiscal radicado en municipios elegibles.

La simulación del grupo de expertos estima el coste y el impacto socioeconómico de una bonificación del 50% de la cuota íntegra de cada figura

Los datos utilizados proceden de la base de microdatos de las declaraciones del IRPF y, para las restantes figuras, los datos territorializados procedentes de la Administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social. El coste fiscal de la propuesta para todo el Territorio SSPA suma 335,24 millones de euros al año que es el 0,17% de la recaudación fiscal total en España en 2017, de los que solo 252,09 millones corresponderían al IRPF de las tres provincias. El impacto socioeconómico estimado de la propuesta fiscal sería de 266,97 millones de euros adicionales al PIB del territorio por año y 4.027 empleos creados o mantenidos mientras dure el estímulo fiscal.

El porcentaje que el Gobierno dejaría de ingresar disminuiría considerablemente por el giro de las rentas generadas por el estímulo fiscal, “son impactos inducidos que podrían llegar a representar nuevas oleadas de renta y empleo. Las rentas generadas contendrían una fuerte proporción de cotizaciones sociales, alrededor de un 11% de las mismas (unos 29 millones de euros al año) que aumentarían los derechos acumulados por los trabajadores a efectos de jubilaciones y contingencias afines. La Administración Tributaria podría recuperar, por la vía de los diferentes impuestos existentes sin contar cotizaciones a la Seguridad Social, otros 80,09 millones de euros, el 23,89% del coste de la propuesta”.

Los expertos no incluyen la previsión de crecimiento de la población en los próximos años gracias a esta fiscalización pero sí insiste en que “en los países más avanzados en los que el éxodo rural comenzó hace más de un siglo muchos territorios que sufrieron la despoblación han encontrado una nueva vida como áreas residenciales de calidad para profesionales liberales de ciudades cercanas y han mantenido población autóctona ligada a actividades agrícolas, todo con nuevas infraestructuras y servicios que han logrado retener a la población y atraer a nuevos pobladores con una oferta equiparable a la de los territorios urbanos”.