Suspenden el desalojo de una familia tras la denuncia de Stop Desahucios

San Sebastián

La sociedad Testa Residencial-SOCIMI ha pedido a un juzgado de San Sebastián la suspensión del desalojo de una familia donostiarra previsto para este viernes, después de que la plataforma Stop Desahucios haya hecho público que los afectados ya habían abonado el pago de los alquileres que adeudaban por su VPO.

Así lo ha dado a conocer este miércoles la portavoz de Stop Desahucios de Gipuzkoa, Rosa García, en una rueda de prensa que ha ofrecido ante la sede del Gobierno Vasco de San Sebastián, arropada por miembros de este colectivo entre los que también se encontraban representantes de Podemos, EH Bildu e Irabazi.

Durante su comparecencia, García ha explicado que la familia que iba a ser desahuciada, un matrimonio con dos hijos, tenía una deuda de 7.824 euros, correspondientes a cinco cuotas de su alquiler, que habían dejado de abonar debido a que el padre se había quedado sin trabajo por una enfermedad.

Ha aclarado que la familia afectada se personó en la causa por su desahucio fuera del plazo establecido, por lo que Testa Residencial, cuyo inversor mayoritario es el "fondo buitre" Blackstone con sede en Manhattan, no pidió la suspensión del lanzamiento hasta ahora debido, según García, a la "presión" realizada por Stop Desahucios.

La activista ha recordado además que San Sebastián es una localidad "libre de desahucios", como declaró el pleno municipal en el año 2015, y que el consistorio "está obligado a intermediar con la entidades financieras, inmobiliarias y fondos de inversión para evitar" el desalojo de "deudores de buena fe" como, según ha señalado, es este caso.

García ha advertido no obstante que el lanzamiento no ha sido cancelado definitivamente, ya que Testa Residencial reclama ahora a la familia el abono de las costas causadas por el procedimiento judicial, una cifra que aún no ha sido fijada y cuya condonación ya ha sido reclamada por García.

La representante de Stop Desahucios ha precisado que la familia afectada es beneficiaria de una de las 450 VPO en régimen de alquiler construidas en el barrio de Benta Berri por el Gobierno Vasco, que en los años 90 cedió su derecho de superficie por 75 años a una UTE que en 2016 se fusionó con Testa Residencial-SOCIMI.

Durante 30 años, las cuotas están supervisadas por el Ejecutivo autonómico, si bien este plazo concluirá en 2028, fecha en la que, como ha recordado García, Testa Residencial "podrá fijar" el precio "según el libre mercado".

Por este motivo, la activista ha dado un "aviso a navegantes" al Gobierno Vasco y a los municipios del País Vasco por si pudieran existir más promociones en situaciones parecidas para que no se repita este modelo en nuevas promociones, al tiempo que ha instado a "seguir tirando del hilo" por si pudiera haber otros afectados en la misma situación de esta familia.

Por su parte, el portavoz de la Coordinadora de Vivienda de Stop Desahucios de Euskadi, Marcelino García, ha lamentado el suicidio en Girona de una mujer que iba a ser desahuciada el pasado martes, a cuya familia ha expresado su solidaridad, al tiempo que ha señalado que "no se puede permitir que esto siga pasando".