Imputados Lino Rodríguez y su mujer, junto con Gerardo Rico y Fernando Redondo, por el 'Caso Asaja'

Valladolid

El Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid ha imputado, tras seis años de investigación en el marco de la denominada 'Operación Cebada', al expresidente provincial de Asaja, Lino Rodríguez Velasco; al extécnico Fernando Redondo y a Gerardo Rico, mano derecha del primero, así como a la esposa del exdirigente agrario, la economista y cabeza visible de la sociedad Sodeprin, Ana de la Fuente.

La magistrada titular, según una información anticipada por el Norte de Castilla y recogida por Europa Press, ha decidido abrir procedimiento abreviado por considerar que hay indicios suficientes de irregularidades en la gestión de la organización y que los cuatro investigados habrían podido incurrir en apropiación indebida de miles de euros procedentes de subvenciones públicas para la formación de agricultores que fueron concedidos a una de las sociedades filiales de la organización, el Grupo Derco. Además, los hechos podrían ser constitutivos de administración desleal, estafa y falsedad.

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid admitió en octubre de 2013 la denuncia presentada por el tesorero de Asaja Valladolid, Alberto Cano, contra el presidente provincial, Lino Rodríguez, para aclarar el destino de miles de euros de fondos europeos destinados a la formación de agricultores y ganaderos, unos cursos que nunca se celebraron.

Seis años ha durado la investigación para determinar si, como sostienen las acusaciones, Lino Rodríguez fue el artífice de una trama de corrupción en la organización mediante la creación de sociedades y empresas filiales de Asaja que actuarían de tapadera para derivar fondos de la organización en su propio beneficio, ya que los estatutos de la OPA no permiten a los dirigentes cobrar sueldo alguno.

CON UNA CONDENA ANTERIOR

Se da la circunstancia de que el exdirigente se encuentra a la espera del recurso presentado ante el Tribunal Constitucional para que revoque una sentencia condenatoria anterior dictada por el Juzgado de lo Penal 4 y posteriormente refrendada por la Audiencia de Valladolid por el denominado fraude de las subvenciones.

Tras tramitar el indulto al Consejo de Ministros y la correspondiente petición para que, hasta su pronunciamiento, la condena de dos años y ocho meses de prisión quede suspendida, planteamiento este último rechazado de plano por el juez de lo Penal 4, la defensa del exdirigente provincial de Asaja ha acudido en amparo al Constitucional para pedir la revocación de la condena y también con el requerimiento añadido de que mientras tanto su cliente no suba a Villanubla.

El expresidente de Asaja fue condenado a dos años y ocho meses de cárcel por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y de otros dos de fraude en el cobro de subvenciones a la Junta de Castilla y León en sendos expedientes tramitados a través de la mercantil Campo de Peñafiel S.L. por importe global de más de un millón de euros.

Así, amén de los dos años y ocho meses de privación de libertad, la sentencia de Penal 4 confirmada luego por la Audiencia Provincial incluía el pago de una multa de 1.567.007,74 euros y, en concepto de responsabilidad civil, el abono a la Junta de 727.568,23 euros más intereses, con responsabilidad civil subsidiaria la mercantil Campo de Peñafiel, S.L.

Además, se le condenó a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de cuatro años y medio.

Por contra, en el fallo quedó absuelto de la tentativa de fraude de la que venía siendo acusado por la otra subvención, por 252.000 euros, que no llegó a cobrar al percatarse la Junta de la irregular tramitación seguida.