Cruce de denuncias entre el Perpetuo Socorro y la alcaldesa de Cartagena por la antigua cárcel de San Antón

Cartagena

El Ayuntamiento de Cartagena ha informado este martes 26 de marzo de la denuncia interpuesta en la Fiscalía contra el propietario del Perpetuo Socorro, José Hernández Mondéjar en referencia a la tramitación de unas licencias relacionadas con el derribo de parte de la antigua cárcel de San Antón.

Una denuncia que se interpone tras conocer que el Hospital Perpetuo Socorro ha presentado una querella por prevaricación continuada contra la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, por llevar más de dos años sin conceder la licencia municipal de derribo de la cárcel de San Antón, propiedad del centro sanitario privado, pidiendo 700.000 euros de compensación y una inhabilitación para cargo público de hasta 15 años.

El abogado del hospital Manuel Abadía, ha recordado que su cliente compró el terreno al Gobierno central en tercera subasta por 560.000 euros en enero de 2017, solicitando un mes después la licencia municipal para el derribo de un inmueble que no contaba con figuras de protección y cuya compra desestimó previamente el consistorio y que según jurisprudencia del Tribunal Supremo, transcurridos los tres meses de plazo sin que se haya concedido el permiso, se debe estimar que el responsable municipal incurre en un delito de prevaricación, penado con entre 7 y 10 años de inhabilitación para cargo público, que se ve agravado en este caso, según Abadía, al haber transcurrido más de dos años desde la petición.

La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, ha pedido a la Fiscalía que investigue un presunto delito de calumnias hacia ella por parte del dueño del Perpetuo Socorro, José Hernández, que la acusa de prevaricación continuada por no aprobar la licencia de derribo de la antigua cárcel de San Antón, según la demanda a la que ha tenido acceso Radio Cartagena Cadena SER.

Ana Belén Castejón sostiene que "la Dirección General de Bienes Culturales de la Comunidad Autónoma de Murcia no explica el cambio del criterio por el que primero protegió los pabellones interiores de la antigua cárcel, luego dejó caducar el procedimiento, incoó uno nuevo, pidió un nuevo informe y entonces desprotegió parte del inmueble".

Critica que "ese organismo autonómico ha autorizado las demoliciones de los pabellones sin concluir el incoado procedimiento de protección ni resolver el recurso de alzada del ayuntamiento", que sostiene que si se derriban sería "imposible la reparación del bien".

Concluye que "la administración no puede ejecutar un acto recurrido y para el que se ha solicitado la adopción de medidas cautelares", con lo que "el Ayuntamiento de Cartagena no tomará una decisión hasta que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia resuelva su petición".