La Fiscalía Superior de Cataluña se querella contra Torra por desobediencia
El Ministerio Público entiende que no quiso atender los requerimientos de la Junta Electoral Central que le obligaban a retirar la simbología independentista de los edificios públicos, empezando por el Palau de la Generalitat
Barcelona
La Fiscalía Superior de Cataluña se ha querellado contra Quim Torra por desobediencia, por no haber atendido, en opinión del Ministerio Público, los requerimientos de la Junta Electoral Central que le obligaban a retirar la simbología independentista de los edificios públicos, empezando por el Palau de la Generalitat.
La querella, firmada por el Fiscal Superior de Cataluña, Francisco Bañeres, considera que Torra ha intentado “burlar” las órdenes de la JEC y que el cambio de pancarta en la sede de la Generalitat “no puede entenderse o valorarse ni tan siquiera como un intento de cumplimiento formal”. La Fiscalía se adhiere, de esta forma, al posicionamiento de la JEC.
El Ministerio Público sostiene que el querellado Quim Torra desatendió de manera deliberada el mandato de la JEC y mantuvo las pancartas con símbolos independentistas. Pese a que cambió el lazo amarillo por uno distinto, de color blanco con un franja roja, la Fiscalía Superior de Cataluña considera que eso es desatender igualmente la prohibición "de manera encubierta o simbólica, a través de carteles, imágenes, figuras, fotografías y simbología en general de la misma naturaleza ideológica y partidista, que representa únicamente los postulados de una parte de la sociedad".
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Recordemos que la orden de la JEC focalizaba la prohibición en esteladas y lazos amarillos en edificios públicos, pero la Fiscalía considera que eso era extensivo a todos los símbolos independentistas y, por ello, coincide con la JEC en que Torra intentó burlar los requerimientos, pese a intentar aparentar lo contrario.
Por todo ello, la Fiscalía pide al TSJC que se investigue al presidente de Cataluña por un presunto delito de desobediencia y que se le cite a declarar ante el juez. Torra se enfrenta a una multa y a una inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.