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Lunes, 14 de Octubre de 2019

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La Comunidad pagó 172 millones a empresas de Gürtel y Púnica

La Camara de Cuentas ha fiscalizado la contratación que hicieron los gobiernos de Aguirre y Gónzález, entre 2008 y 2015. En ese tiempo, realizaron 1.112 contratos menores con 185 empresas investigadas ahora por la Audiencia Nacional

Mintra y Metro de Madrid fueron las administraciones que más contrataron con la Gürtel

La Cámara de Cuentas ha fiscalizado los contratos que los Gobiernos de Aguirre y González cerraron con las empresas privadas involucradas en los casos de corrupción de Púnica y Gürtel. El intervalo del análisis va entre los ejercicios 2008 a 2015, ambos inclusive.

Según el informe adelantado este jueves por la SER, la Cámara de Cuentas ha comprobado que el Gobierno madrileño, en manos del PP, contrató a 23 empresas relacionadas judicialmente con Gürtel.

En esos 7 años, se cerraron 50 expedientes de contratos mayores por un valor de 133.689.256 euros (IVA excluido). El 90% fueron obras – por un importe de 130 millones-. Mintra y Metro de Madrid fueron las administraciones que más contrataron con la Gürtel. Entre las dos, cerraron 25 contratos por un valor de 78 millones de euros.

Tabla con los contratos mayores de la Comunidad de Madrid - entre 2008 y 2015- con empresas de la Gürtel / Cadena SER

La Cámara de Cuentas también ha detectado que en esos años se adjudicaron 149 contratos menores por un importe de 1.505.904 euros (IVA excluido). De todos ellos, la mayoría (102) se pagaron en 2008, es decir, con Esperanza Aguirre como Presidenta del Gobierno madrileño. Una parte muy importante de esos contratos (70) se registraron en la Consejería de Deportes, cuyo responsable era precisamente, Alberto López Viejo, una de las ‘ranas’ de Aguirre, que figura como uno de los principales sospechosos. Bajo su gestión se regó a las empresas de la Gürtel con 698.251 euros (IVA excluido). Una parte de ese dinero se destinó, por ejemplo, a la presentación de la Europaleague Top 16 (con 9 facturas por un valor de 86.000 euros), convenios con clubes femeninos (otras 9 facturas por 90.600 euros), la Gala del Deporte (troceados con 7 facturas de 103.500 euros) o el sorteo de las semifinales de la Copa Davis (con 6 facturas de 91.100 euros).

La Púnica se llevó 37 millones

En el caso de la Púnica, el número de contratos con empresas investigadas fue mucho mayor. Según el informe de la Cámara de Cuentas, la Comunidad de Madrid adjudicó trabajos a 162 compañías manchadas por la trama de Francisco Granados. Entre 2008 y 2015, el Gobierno madrileño, a través de distintos órganos públicos, pagó 34.736.303 euros (IVA excluido), a través de 17 contratos mayores dirigidos sobre todo a gestión de servicios. Solo en 2008, se pagaron 29 millones de euros, que fueron abonados directamente por la Consejería de Políticas Sociales. En ese año, hubo dos Consejeras, Gádor Ongil y Engracia Hidalgo, actual Consejera de Economía y Hacienda.

Tabla con los contratos fraccionados por la Consejería de Educación con empresas de Gürtel y Púnica / Cadena SER

La Cámara de Cuentas también ha detectado que la Comunidad de Madrid adjudicó 963 contratos menores con empresas de la Púnica, a las que abonó 2.656.393 euros. Casi la mitad (1.7 millones) se pagaron a través de la Consejería de Sanidad.

La Cámara de Cuentas ha llegado a esta información cruzando la relación de empresas investigadas - en marzo de 2017 la Audiencia Nacional le aportó el listado- con los contratos que le remitió la Consejería de Economía y Empleo. 

Las contrataciones verbales ilegales del 2 de mayo

En su informe de fiscalización también se pone la lupa sobre los contratos que cerró la Consejería de Presidencia, Justicia y portavocía del Gobierno, en la etapa de Francisco Granados. Por ejemplo, para la “organización y montaje del acto celebrado en la Real Casa de Correos con motivo de la fiesta del 2 de mayo de la Comunidad de Madrid” del año 2008. Ese año se gastaron 183.107 euros. Pero el contrato se hizo “verbalmente”, según alerta la Cámara de Cuentas. En su informe recuerda que “la contratación verbal estaba prohibida por el artículo 28 LCSP”

A la Cámara de Cuentas le sorprende también el contrato de la Consejería de Deportes para el servicio de “montaje, desmontaje y preparación de actos para la celebración de eventos deportivos”. En su informe se concluye que “el expediente de contratación no justificó las razones por las que se incluían cuatro eventos con un valor estimado de 204.000 euros (IVA excluido)”

Contratos irregulares en el Hospital de La Paz

La Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario La Paz (FIBHULP) hizo "un fraccionamiento irregular de los contrato", siempre "con la misma empresa" para la ejecución de las obras de construcción del edificio del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario La Paz (IDIPAZ) por un importe de 5.1 millones de euros. Además también hubo una "adjudicación indebida" porque le dieron en trabajo a la empresa que "quedó clasificada en cuarta posición en la licitación".

Arpegio, en el centro de la sospecha

La Cámara de Cuentas también alerta de las contrataciones irregulares de Arpegio – Área de Promoción Empresarial S.A- con empresas de la Gürtel (pagaron más de 6 millones). Ponen tres ejemplos de obras, en Parla, Alcorcón y Móstoles. Aquellos contratos se hicieron utilizando “criterios de adjudicación imprecisos". Y no solo eso. “Arpegio no estableció procesos que garantizasen el respeto a los principios de transparencia y secreto de las proposiciones; objetividad, no discriminación y libertad de acceso a las licitaciones”.

Mintra - la empresa pública que se dedicaba a gestionar las infraestructuras de transporte- también contrató de forma irregular, según la Cámara de Cuentas. Ocurrió, por ejemplo, con la nueva línea de ferroviaria de Torrejón de Ardoz. Aquel trabajo costó más de 68 millones de euros y se adjudicó con un "contrato poco riguroso", según este informe de fiscalización. Las obras debían haberse terminado en 2013, pero no fue posible. Cuatro años después, con el 6% de las obras sin terminar, la Comunidad de Madrid tuvo que resolver el contrato e indemnizar a la empresa contratada con casi 2 millones.

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