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Un detenido en Castellón por formar parte de una red que defraudó 150 millones de euros a Hacienda

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria han detenido a 21 miembros de dos grupos criminales. Al parecer, los arrestados defraudaban el IVA en empresas del sector de los hidrocarburos, a través de testaferros y con un entramado de 300 empresas

La Guardia Civil ha detenido a una persona en la provincia de Castellón, que formaba parte de un grupo criminal vinculado al sector de hidrocarburos, que presuntamente defraudó 150 millones de euros a la Hacienda Pública. La operación, que continúa abierta, se ha desarrollado en 5 provincias y ha culminado con 21 detenciones.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria han detenido a 21 miembros de dos grupos criminales, uno de ellos de la provincia de Castellón, que ya está en libertad con medidas cautelares, según ha podido saber Radio Castellón. Al parecer, los arrestados defraudaban el IVA en empresas del sector de los hidrocarburos, a través de testaferros y con un entramado de 300 empresas.

Una operación en la que se ha detectado un desfalco para las arcas públicas de 150 millones de euros, porque los implicados repercutían el IVA a sus clientes pero no lo declaraban a Hacienda, con lo que obtenían importantes beneficios. Además, podían venderlo a gasolineras de todo el territorio nacional, a un precio más bajo en una competencia desleal con los distribuidores legales.

Los agentes han realizado un registro en la provincia, según han confirmado fuentes del caso a Radio Castellón. La operación se ha desarrollado también en Valencia, Lleida, Girona y Madrid. Los agentes se han incautado de dos barcos, 61 vehículos de alta gama, 2 millones de litros de combustible y han bloqueado más de 300 cuentas bancarias.

Según el resultado de las pesquisas, las dos organizaciones desarticuladas centraban su actividad delictiva en el impago del IVA en la venta al por mayor del producto, mediante empresas instrumentales y testaferros, que cobraban entre 3.000 y 10.000 euros mensuales por poner su nombre en empresas ficticias.

L operación se inició en 2015. Hoy han comparecido en Madrid para dar cuenta de esta operación en una rueda de prensa, el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Grupo de Delincuencia Económica de la UCO y José Manuel Alarcón, responsable de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria.

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