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Un jurado popular juzgará el crimen de la viuda de la CAM

El TSJCV desestima el recurso del único acusado, Miguel López, su yerno, que pedía magistrados profesionales por la sobreexposición mediática del caso

Miguel López, yerno de la víctima y único acusado del Caso Sala, saliendo de los juzgados / Cadena SER

Alicante

El crimen de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la antigua CAM, será juzgado finalmente por un jurado popular. El único acusado del Caso Sala, el yerno de la víctima, Miguel López, pedía que fuera por un tribunal de magistrados.

La sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha desestimado el recurso de apelación presentado por la defensa de López.

La viuda de Vicente Sala, de 72 años, falleció el 9 de diciembre de 2016 tras recibir dos disparos en la cabeza en el lavadero del concesionario de coches propiedad de su familia, Novocar, que dirigía su yerno, el único acusado del caso.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular, que ejerce el hijo mayor de la víctima, piden para él penas de 24 años de prisión por un delito de asesinato. Su defensa, sin embargo, solicita la libre absolución al considerar que no existe ninguna prueba sólida que le incrimine y que las investigaciones se basan en meros indicios.

Con este recurso el abogado de Miguel López pretendía que el proceso fuese enjuiciado por un tribunal profesional de magistrados ante lo mediático del caso. Y es que teme que el jurado pudiese estar contaminado por la gran cantidad de informaciones publicadas en los medios de comunicación sobre la investigación policial.

Llegaba a solicitar que, en caso de mantenerse el juicio con jurado, se celebrara en otra provincia española para evitar esa sobreexposición informativa.

El TSJ ha ratificado la decisión de la Audiencia de Alicante que establecía que debía ser un jurado popular, desestimando todas las peticiones del acusado.

Sin anomalías en los registros

Por último, el alto tribunal también desestima las alegaciones sobre supuestas anomalías cometidas en el registro de domicilio de López y al volcado de la información de sus distintos dispositivos informáticos.

Así, el TSJ impone además el pago de las costas procesales al acusado.

 
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