Fernando Rivarés: "La deuda real es un 40% menos de la que nos encontramos en 2015"

Zaragoza

El anterior teniente de alcalde de Hacienda y actual portavoz de Podemos - Equo en el Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, responde a las acusaciones del  gobierno de PP - Cs, que critica duramente la gestión económica de los últimos años y la situación financiera de las arcas municipales. 

El actual gobierno responsabiliza a los gobiernos de izquierda del pago de 35 millones de euros en sentencias judiciales, que proceden de revisiones de precios de las contratas de los buses urbanos y de FCC y de intereses de demora. Rivarés desmiente la visión de "alerta máxima" (sic) de la actual teniente de alcalde de Hacienda, María Navarro, y que lanzó esta semana.

El ahora portavoz de Podemos ha recordado en Hora 14 Aragón que, en estos 4 años, Zaragoza ha conseguido cumplir con la regla de gasto, recurrir a préstamos bancarios por primera vez en 8 años y salir del Plan de Ajuste en 2017, es decir, 5 años antes de lo previsto.

Rivarés, además, recuerda que la deuda de los 189 millones del tranvía, que es la que impide cumplir con el nivel de endeudamiento permitido a 31 de diciembre de 2018, es una decisión impuesta por el Ministerio de Hacienda del PSOE y que llega 10 años después como un apunte contable. "La deuda real está un 40% menos de la que nos encontramos en 2015", remarca. 

El pago de sentencias

Otro aspecto diferente en las cuentas municipales es el pago de sentencias firmes, que proceden de asuntos abiertos entre los años 2005 y 2011 en su mayoría. Rivarés recuerda que el gobierno de Zaragoza en Común también tuvo que hacer frente a estos gastos y que ya se hizo a través de préstamos del Fondo de Impulso Económico del Ministerio de Hacienda, una medida que ahora anuncia el gobierno de PP - Cs. "Así se han pagado más de 100 millones de sentencias condenatorias estos 4 años y 35 millones de intereses de demora por impagos de los años anteriores, así que no han inventado nada".

Además, insiste en que el anterior equipo de gobierno impuso estudiar si se recurrían o no las sentencias con informes de la asesoría jurídica, y si se hacía de forma total o parcial. "La mayoría las hemos ganado y las que no, que son asuntos judiciales que vienen desde el año 2005, que no son nuevas, se pueden perder y, si se pierden, es culpa, como mucho, de quien hizo aquel contrato, aquel impago o aquel acuerdo con las contratas de hace unos cuantos años". Por eso, insiste, refiriéndose a la teniente de alcalde de Hacienda, María Navarro, "que no justifique ahora que justo los 4 años anteriores fueron la debacle; es mentira".

Estos 35 millones de euros en sentencias del Tribunal Supremo proceden de los años 2009 y 2013, de revisiones de precios de las contratas de los buses urbanos y de FCC y de intereses de demora. Para Rivarés, la postura del equipo de gobierno esconde "una excusa política para justificar la subida del transporte público, los recortes en Cultura - que ya han aparecido - y los recortes sociales".