Ortiz registra como suyos los terrenos aledaños al vertedero, ante una posible ampliación

Alicante

Transcurridos cuatro meses con la actual corporación municipal, el Consejo Municipal de Sostenibilidad sigue sin reunirse a día de hoy. Lo denuncia Ecologistas en Acción, que insta a que se convoque ante la "emergencia de asuntos claves", como la próxima finalización de la contrata de limpieza, recogida y tratamiento de residuos de la ciudad, o la saturación del actual vertedero, con los días contados.

Esta última es una cuestión que urge abordar, sobre todo teniendo en cuenta que INUSA, la empresa participada por Enrique Ortiz, acaba de inscribir en el Registro Mercantil como de su propiedad las fincas aledañas al actual vertedero de Fontcalent, en la carretera de Serra Mitjana, donde se llevaría a cabo la supuesta ampliación de la planta de residuos.

Según recoge un edicto de Notaría fechado el pasado julio, se trata de varias parcelas que corresponden a la partida del Rebolledo y suman casi 3 hectáreas, todas "ocupadas por el vertedero municipal de basuras", varios terrenos que ocupan 4,1 hectáreas en el término municipal de Alicante, además de otro "trozo de tierra" de más de una hectárea en la partida de Fontcalent, "destinada a pastos".

Un supuesto que ya se recogía en la época del anterior Plan General de la exalcaldesa Sonia Castedo, explica su portavoz, Carlos Arribas, y que todo hace prever que dejará en una situación de "partida de clara ventaja" al empresario procesado en la rama del PGOU de Alicante del caso Brugal.

Pero es que, además, añade Arribas, la solución de crear una quinta celda en el vertedero para ampliar en un 50% la actual capacidad de la planta y que ofreció en un reciente pleno el actual concejal, Manuel Villar, es del todo inviable y "una barbaridad", dice. Una sentencia del TSJ, recuerda, declaraba esa alternativa como ilegal, al no estar contemplada previamente en el texto normativo del plan autonómico de residuos.

Asimismo, la organización ecologista, miembro de dicho Consejo, quiere también abordar entre otras cosas el fin de la contrata actual, fechada para 2021, y la nueva licitación sobre la que "hay que empezar a trabajar ya, porque este tipo de trámites son muy largos", recuerda Arribas, partiendo de que la actual -en manos de la UTE compuesta por FCC, Ferrovial, Inusa y Grupo Cívica-, no se va a prorrogar y se llevará a cabo un nuevo concurso.

Desde el Ayuntamiento solo apuntan que esta cuestión de la quinta celda está "en estudio desde el punto de vista jurídico y técnico para adaptarla" al plan municipal de residuos, que aún no ha pasado por Junta de Gobierno y que está siendo abordado por un grupo de especialistas, de cara a la nueva contrata.