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Miércoles, 28 de Octubre de 2020

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Stop desahucios

4 mujeres en riesgo de desalojo en Intxaurrondo

Stop Desahucios Euskadi ha denunciado ante la delegación del Gobierno Vasco el caso de las familias monoparentales en situación de vulnerabilidad

4 mujeres en riesgo de desalojo en Intxaurrondo

Cadena Ser

La plataforma Stop Desahucios de Euskadi ha reclamado este jueves a las distintas instituciones con competencias en materia de vivienda que "pinchen la burbuja especulativa" de los alquileres y que "doten" suficientemente el parque público para que "nos parezcamos a Europa" en este campo. Ya que los porcentajes de viviendas sociales son del 12 % mientras que en Euskadi se reduce al 2 %.

La portavoz de la plataforma, Rosa García, junto con Aroa, Elisabeth, Aixa y Soukkaina ha hablado ante la sede del Gobierno Vasco en San Sebastián para "denunciar los desalojos" en los alojamientos dotacionales para jóvenes de Intxaurrondo de "familias monoparentales con hijos menores al final de sus contratos de cinco años improrrogables". Las cuatro mujeres se encuentran "en riesgo inminente de desalojo" con hijos a su cargo y una de ellas afectada por una discapacidad del 81 %.

Acceso a viviendas sociales

Rosa García ha demandado que en los trámites de acceso a las viviendas sociales se apliquen "baremos sociales" que primen "a las unidades familiares con más hijos, sobre todo menores de edad, y con rentas comprendidas entre los 3.000 y los 16.000 euros", como es el caso de estas cuatro afectadas.

"O se les prorroga el contrato o se les proporciona un alquiler social", ha recalcado la activista, para reclamar a continuación a las instituciones que adopten "medidas arriesgadas y valientes" al problema de la "especulación" en los alquileres para solucionar este problema como "establecer un canon de penalización a las viviendas vacías".

Ha explicado en este sentido que las "unidades monoparentales con hijos a su cargo" y las "personas discapacitadas con movilidad reducida" que viven en los citados "alojamientos residenciales para jóvenes" de Intxaurrondo "no tienen garantizada una vivienda social" al finalizar el plazo de concesión de cinco años.

Una situación que, según ha denunciado, está propiciada por su "imposibilidad de acceder a un alquiler privado por sus precios especulativos".

Ha avanzado además su intención de presentar un escrito ante la delegación del departamento de Vivienda del Gobierno Vasco para reclamar que garantice a las cuatro afectadas "una vivienda de alquiler social acorde a sus necesidades" o que "se les prorrogue sus contratos el tiempo necesario hasta que puedan acceder a ella".

En otro momento de la comparecencia, la miembro de Stop Desahucios ha solicitado al Ayuntamiento de San Sebastián que apliquen "un baremo social" a la lista de inscripciones para las 162 viviendas sociales del barrio de Txomin Enea

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