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Jueves, 14 de Noviembre de 2019

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El juicio a los tres exjugadores de la Arandina por agresión sexual comenzará el 21 de noviembre

Las sesiones se celebrarán a puerta cerrada por orden de la Audiencia Provincial

El 21 de noviembre dará comienzo el juicio a los tres exjugadores de la Arandina acusados de agresión sexual a una menor. Las sesiones se celebrarán a puerta cerrada por orden de la Audiencia Provincial de Burgos que ha fijado los días 21, 22, 23, 25, 26 y 27 de noviembre para su celebración y que advierte de que debe evitarse el contacto directo entre los acusados y la víctima y sus familiares. La resolución dictada este 15 de octubre por el tribunal que enjuiciará el caso acuerda varias medidas adicionales con objeto de proteger la intimidad de la menor denunciante y su familia: prohíbe expresamente la divulgación de imágenes e informaciones sobre sus identidades, como por ejemplo aquellos datos que puedan facilitar su identificación de forma directa o indirecta “o aquellas circunstancias personales que hubieran sido valoradas para resolver sobre sus necesidades de protección”. También prohíbe la obtención divulgación y publicación de imágenes de la víctima o sus familiares. El tribunal advierte también que evitará durante el juicio que se formulen preguntas relativas a la vida privada de la víctima que no tengan relevancia con el hecho objeto que se va a enjuiciar, con la excepción de que se consideren pertinentes para valorar adecuadamente los hechos “o la credibilidad de la declaración de la víctima”

Por otra parte la Audiencia Provincial admite prácticamente todas las pruebas documentales, periciales y testificales solicitadas por las partes, con alguna restricción respecto a la forma en que se aportarán durante las sesiones del juicio oral y con escasas excepciones. La más llamativa es que entre las pruebas documentales se admiten todas a excepción de “la audición de todo el contenido de los teléfonos móviles y demás dispositivos electrónicos de los procesados y la víctima solicitada por la acusación particular y por la Asociación Clara Campoamor debido a su indeterminación, falta de concreción e imposibilidad de valorar su pertinencia y necesidad”. Además admite la petición de las acusaciones particular y popular de que, antes de la celebración del juicio, el Instituto de Medicina Legal de Burgos designe a un segundo médico forense para que se pronuncie sobre el informe elaborado en primera instancia por otra de sus profesionales y que ya consta en el sumario.

Los acusados continuarán en libertad condicional porque el auto indica expresamente que se mantienen las mismas medidas cautelares que están vigentes.

El juicio coincidirá con el momento en que se cumplen justamente dos años de la fecha en la que la menor afrima que se produjeron los hechos que se van a juzgar, el 24 de noviembre de 2017. Un año después finalizaba el grueso de la instrucción que ha corrido a cargo del juzgado número 1 de Aranda de Duero, y cuyos pormenores más relevantes les ofrecíamos en Radio Aranda al cumplirse un año de la denuncia, que se produjo el 12 de diciembre de 2017.

La Audiencia Provincial de Burgos decretó la apertura de juicio oral el pasado mes de julio tras dar por finalizada la instrucción que llevó a cabo el Juzgado número 1 de Aranda durante más de año y medio. El tribunal burgalés adopta esta última resolución, contra la que no cabe recurso alguno, después de que todas las partes en este proceso hayan presentado sus escritos de calificación. Como ha venido ocurriendo durante toda la instrucción del caso las posiciones son diametralmente opuestas: mientras que de forma unánime las defensas insisten en que no existió el delito y por tanto piden la libre absolución de los tres acusados, las acusaciones imputan tres delitos de agresión sexual a cada joven, al considerar que cada uno de ellos fue autor de un delito y cooperador necesario del que cometieron sus compañeros, siguiendo la doctrina marcada por el Tribunal Supremo en el Caso de la Manada de Pamplona. También les acusan de haber contactado con la víctima por medios telemáticos para cometer un delito sexual. Por todo ello piden penas que van desde los 39 años de cárcel que solicita la Fiscalía hasta los casi 44 años que exige la acusación particular.
Por su parte la acusación popular, ejercida por la Asociación Clara Campoamor pide 43 años y ocho meses para los acusados.



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