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Jueves, 12 de Diciembre de 2019

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Chaves y Griñán conocerán al mediodía la sentencia de los ERE

Anticorrupción solicita 6 años de prisión y 30 de inhabilitación para Griñán y 10 años de inhabilitación para Chaves

Manuel Chaves y José Antonio Griñán. / ()

Este martes, en la Audiencia de Sevilla, los expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, conocerán si el Tribunal los condena o los absuelve. Juan Antonio Calle Peña, Pilar Llorente y Encarnación Gómez harán pública la primera sentencia de los ERE, once meses después de que terminara el juicio. También recogerán el fallo otros 19 ex altos cargos acusados como los exconsejeros Magdalena Álvarez, Gaspar Zarrías, Antonio Fernández, Francisco Vallejo, José Antonio Viera y Carmen Martínez Aguayo.

El fallo se puede recurrir al Supremo porque a él acudirán tanto las defensas como la Fiscalía Anticorrupción. En estos once meses, desde que acabó el juicio, el optimismo de las defensas antes y durante el juicio se ha ido tornando en pesimismo.

El Tribunal ha citado a los acusados y a sus procuradores en una sala de vistas para entregarles un pen. Cuando todos hayan firmado su recepción se le dará en mano el fallo. Y una vez que abandonen la Sala ese fallo se notificará a los medios de comunicación.

La sentencia dirá si el Gobierno Andaluz empleó durante una década un procedimiento opaco y prevaricador para conceder ayudas sociolaborales y directas a empresas. Un procedimiento que favoreció la malversación de fondos públicos. Una malversación referida a la puesta en circulación del dinero mediante transferencias de financiación de la consejería de Empleo a la agencia pública IDEA, dependiente de la consejería de Innovación. En total, de acuerdo con las cuentas de la Fiscalía, 679.432.179 millones de euros entre los años 2000 y 2009.

No se ha juzgado una malversación por el acto de concesión de la ayuda. "Es el mecanismo de movilización de fondos" lo que ha permitido que se produzcan los delitos, según Anticorrupción.

Ese dinero se otorgaba sin que existieran bases reguladoras, sin publicidad ni concurrencia, repitieron las acusaciones durante el juicio; y sin control previo del gasto. Lo que permitió supuestamente la malversación de fondos públicos.

Empleo decidía quién recibía el dinero y guardaba el expediente administrativo de la concesión, que en la mayoría de los casos no existía. IDEA, dependiente de la consejería de Innovación, abonaba el dinero sin que los interventores tuvieran acceso al expediente de otorgamiento. Tampoco el interventor de Empleo veía los expedientes de concesión porque lo que supervisaba eran expedientes de transferencias de financiación.

La Intervención General de la Junta advirtió en numerosos informes del sistema supuestamente irregular que se estaba empleando y habló del “uso inadecuado de las transferencias de financiación” para dar ayudas. Sin embargo, nada cambió.

Las defensas siempre han defendido que los presupuestos andaluces recogían cada año estas ayudas porque en ellos se reflejaba la partida con la que se pagaban. Y esos presupuestos los aprobaba el Parlamento andaluz.

“Primero el dinero y luego los papeles”, la frase es de uno de los exdirectores de Trabajo, Juan Márquez. La pronunció en 2009 en diálogo con un empresario y aparece reflejada en la prueba documental que se vio en el juicio. La frase refleja lo que pasó durante una década en Andalucía y se juzga en la Sala, según Anticorrupción.

Durante diez años ha quedado probado que funcionó un “sistema de concesión de ayudas totalmente opaco, sustraído al conocimiento de los andaluces; y lo que es más grave, al conocimiento debido del control de la Intervención”, dijo el fiscal. Y de ahí el “daño efectivo y real de menoscabo de fondos públicos”, que se ha constatado.

La malversación quedó acreditada, según los fiscales anticorrupción. "El ánimo de lucro no exige enriquecimiento", puntualizaron una y otra vez.

"Todos los que conocieron los informes de la Intervención se saltaron "el deber de fidelidad " hacia las arcas públicas. Todos los que están acusados de malversación, entre ellos el expresidente Griñán, supieron según el fiscal que Empleo disponía de fondos sin ningún control y sin necesidad de justificar qué hacían con ellos. "El bien jurídico protegido es el correcto funcionamiento de la actividad patrimonial del Estado", argumentó la Fiscalía, y el sistema que crearon los acusados permitió el enriquecimiento de empresas, "vía ahorro de gastos" y de terceros ajenos a cualquier interés social o público debidamente acreditado.

La Fiscalía también considera probado en el juicio que el Parlamento Andaluz nunca supo que estas ayudas las otorgaba Empleo y las pagaba IDEA. Así, citó ante la Sala lo declarado por el expresidente del Parlamento, Manuel Gracia, que lo desconocía.

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