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Viernes, 13 de Diciembre de 2019

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Sobreseída la causa contra Ana Belén Castejón al no permitir el derribo de una parte de la cárcel de San Antón

El juez añade que "la concesión de la licencia de demolición habría supuesto un daño irreparable" al estar catalogado parte de esta instalación como BIC

La alcaldesa de Cartagena,  Ana Belén Castejón, ha dado a conocer este martes el auto del juzgado de Instrucción número 1 de Cartagena que recoge el sobreseimiento provisional de la causa abierta por prevaricación administrativa contra la primera edil, como consecuencia de la decisión adoptada por el equipo de Gobierno de paralizar la concesión de la licencia para el derribo de parte de la cárcel de San Antón al entender que "podría suponer un daño irreversible al patrimonio de la ciudad".

Según ha explicado Castejón "el juez concluye que la decisión adoptada en modo alguno puede considerarse constitutiva de delito de prevaricación en cuanto que no constituye una resolución injusta, ni alejada de los intereses sociales, y ello porque, tras varias vicisitudes del procedimiento y a pesar de que inicialmente la Dirección de Bienes Culturales denegó la extensión de la protección solicitada por el Ayuntamiento, la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ en auto de 3 de mayo de 2019 dio la razón al Ayuntamiento".

Además, destacaba la alcaldesa, "en su auto el juez añade que la concesión de la licencia de demolición habría supuesto un daño irreparable que los diferentes intervinientes en el procedimiento administrativo tratamos de evitar".

De este modo, la conclusión es que "no se puede considerar que existan indicios que la primera edil haya incurrido, por acción u omisión, en una conducta que pueda considerarse delito", por lo cual y pese a no ser aún firme la resolución, Ana Belén Castejón se ha mostrado ha dicho "tranquila, contenta y orgullosa al coincidir la decisión del juzgado con la del equipo de gobierno que dirige".

Recordemos que el TSJ de la Región de Murcia dió la razón al Ayuntamiento de Cartagena que acordó la suspensión cautelar del derribo del pabellón de reclusos de la antigua cárcel de San Antón. Edificio que fue aquirido por los propietarios del Hospital Perpetuo Socorro  y donde su pretensión era hacer en la zona un aparcamiento.

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