Absueltos los 36 futbolistas acusados por el presunto amaño del partido Levante-Zaragoza disputado en mayo de 2011

Valencia

La verdad jurídica dice que el partido Levante UD - Zaragoza no se amañó. El titular del Juzgado de lo Penal número 7 de Valencia, Manuel Aleis ha notificado la sentencia por el delito de corrupción deportiva del encuentro disputado el 21 de mayo de 2011 y que cerró la temporada con la victoria del conjunto maño por (1-2) en el estadio Ciutat de Valencia.

El veredicto absolutorio se fundamenta en la falta de pruebas de cargo para acusar a los 36 futbolistas, al entrenador Javier Aguirre, al director deportivo, Antonio Prieto y al secretario Francisco Checa, todos ellos implicados en la presunta compra del partido y en la predeterminación de un resultado que permitió la permanencia del Real Zaragoza en Primera división en la semana previa a que el club aragonés presentara el concurso de acreedores.

El expresidente del Zaragoza, Agapito Iglesias y el Consejero Delegado Javier Porquera sí que han sido condenados a un año y tres meses de prisión por falsedad documental.

La Fiscalía pedía dos años de cárcel para los 41 acusados y una multa de 3,4 millones de euros para cada uno de ellos, mientras las defensas solicitaban la absolución.

El juicio arrancó en Valencia el 3 de septiembre y quedó visto para sentencia el 18 de octubre con un total de 42 acusados, de los cuales 41 son personas físicas, la gran mayoría futbolistas, y el Zaragoza como entidad jurídica.

La Fiscalía y las acusaciones particulares, la Liga y el Deportivo de La Coruña, sostenían que el Zaragoza sacó 1.730.000 euros de sus cuentas para comprar a varios jugadores del Levante. Ese dinero se justificó como primas a sus jugadores para lo que habrían alterado sus nóminas.

Por esos hechos reclamaban dos años de prisión y seis de inhabilitación para las 41 personas físicas acusadas, además de una multa de 3,4 millones de euros para cada uno de ellos.

Además, para el expresidente del Zaragoza, Agapito Iglesias, y para otros dos directivos del club aragonés, Javier Porquera y Francisco Checa, solicitaban otros dos años de prisión adicional por una presunta falsificación de las nóminas y una multa de nueve meses con una cuota diaria de cincuenta euros.

Para el Real Zaragoza la reclamación de las acusaciones era de una multa de mil euros diarios durante dos años.

Las defensas de todos los acusados reclamaron la absolución al entender que muchos de los indicios no se sostenían y no eran prueba de cargo suficiente para solicitar una condena.

De manera generalizada también pidieron la nulidad de las actuaciones al entender que el proceso estaba viciado de origen al estar basado en una denuncia de Javier Tebas, en su doble condición de letrado y de presidente de la LFP, que podría haber roto el deber del secreto profesional, porque los datos en los que se basó la denuncia se los proporcionó un cliente que podría que estar entre los jugadores acusados y cuya identidad no quiso revelar.

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