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Martes, 28 de Enero de 2020

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3.000 castellonenses en situación de dependencia esperan una ayuda

La Plataforma de la Dependencia de Castellón advierte que en la provincia hay más de 3.000 personas dependientes, que están en lista de espera para recibir ayudas. Aseguran que uno de los principales problemas sigue siendo la insuficiencia de plazas residenciales y en centros de día, debido al envejecimiento cada vez mayor de la población.

El próximo sábado se cumplen 13 años de la Ley de Dependencia, un marco legal que supone trabas para las familias que solicitan ayudas, que deben realizar un proceso que puede durar un año y medio. La provincia cuenta en la actualidad con más de 10.000 personas beneficiarias de ayudas y 3.000 personas en lista de espera, esta cifra ha aumentado en más de 800 personas en el último año.

La Plataforma de la Dependencia de Castellón denuncia que además el camino para conseguir la ayuda es largo, porque primero hay que pedir hora para que una trabajadora social atienda a la persona que se encuentra en esta situación, rellenar solicitudes, solicitar un informe médico y finalmente, la valoración que decide el grado de dependencia, en función del cual se otorga una ayuda económica, social o una plaza en un centro.

La Plataforma advierte que la burocracia provoca que en algunos casos, las personas fallecen antes de recibir la ayuda, en concreto, 80 personas al día en toda España. Durante todo este tiempo de espera, el coste y el cuidado de la persona corre a cargo de las familias. Sobre todo porque el cumplimiento del plazo de 6 meses que garantiza la Ley sigue siguiendo una de las asignaturas pendientes, y los procedimientos tardan entre 15 y 18 meses en resolverse.

A este hecho, se suma, que son las autonomías las que asumen gran parte del coste, porque a pesar de que el Estado debería aportar la mitad de las ayudas, en la Comunitat Valenciana, el Gobierno nacional solo aporta el 12 por ciento.

La Plataforma argumenta que la atención no solo se centra en las personas mayores, también en niñas y niños en situación de dependencia, que es una urgencia social. Ponen el foco en que una vez finalizada a los 21 años su etapa escolar en centros de educación especial, se ven abocados a regresar a sus hogares, echando por la borda el esfuerzo, la atención, y los recursos públicos, y también familiares invertidos a lo largo de toda su vida ante la falta de plazas de en centros en los que seguir siendo atendidos.

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