Los investigados por la venta de vivienda pública a 'fondos buitre' en la etapa de Ana Botella se sentarán en el banquillo

Madrid

La sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimando los recursos presentados por el ex consejero delegado de las EMVS, Fermín Oslé, y el apoderado de la empresa de vivienda Fidere, Alfonso Benavides, contra la continuidad de la causa. Se investiga la presunta venta irregular de 1.860 viviendas públicas realizada por el gobierno municipal de Ana Botella en 2013, al fondo de inversión Blackstone por 128,5 millones de euros.

La Audiencia Provincial fundamenta su decisión en las dudas que existen sobre si se respetaron los principios aplicables a la contratación pública. Asegura que no hubo libre concurrencia, ni se fijó previamente el precio de mercado de las viviendas, desde el inicio del proceso de venta, por eso pide aclarar si lo lo hizo a posteriori, el grupo que resultó ser adjudicatario, es decir, Blackstone.

 Además se cuestiona el pago de dos millones y medio de euros a la sociedad ITACA DESARROLLOS URBANOS SL, supuestamente por mediar en la compra-venta, cuando no hay constancia de sus gestiones en esta materia.

 Por todo ello, la Audiencia Provincial sigue adelante con la causa y confirma el procesamiento de los dos imputados con el objetivo de determinar su grado de implicación y conocimiento de los hechos, en el caso de Fermín Oslé en su condición de consejero delegado de la EMVS y en el de Alfonso Benavides como apoderado de la firma compradora de las viviendas. Ahora sólo queda que se dicte fecha para la apertura de juicio.

Para el PSOE, una de las partes personadas en la causa, éste es un paso muy importante. La concejal, Mercedes González, cree que este asunto deja de ser un debate político y pasa a ser un procedimiento jurídico, en el que se va a ver sentadas como testigos a la ex alcaldesa, Ana Botella y a la ex concejal de urbanismo, Paz González.

 Reapertura de la causa

 El pasado mes de mayo, la Audiencia Provincial de Madrid reabrió el caso de la venta de vivienda pública a 'fondos buitre' en el Ayuntamiento durante la etapa de Ana Botella, al estimar los recursos presentados por el Partido Socialista , la Empresa Municipal de Vivienda y la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas EMVS, contra el archivo de la causa dictado por el Juzgado de Instrucción nº38 de Madrid a principios de este año.

 La Audiencia Provincial basó su decisión en la sentencia del Tribunal de Cuentas de 2018, según la cual existían indicios suficientes como para enteneder que los investigados (Fermín Oslé, antiguo gerente de la EMVS, y Alfonso Benavides, el apoderado de FIDERE) "pudieran haber incurrido en responsabilidad penal por un presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos" por la venta de 1.860 viviendas públicas.

 En la resolución de la Audiencia Provincial no se mencionaba a Ana Botella, que era la alcaldesa en el momento en el que se ejecutó esa operación. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas cifró el daño patrimonial por esa venta en 55 millones de euros, y condenó a la ex alcaldesa y a su junta de gobierno al pago de 23 millones de euros para restituir el daño. Una decisión que el propio tribunal revocó el pasado mes de julio.