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Lunes, 17 de Febrero de 2020

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Discriminación lingüística

Denunciados dos guardias civiles de Tavernes por impedir hablar valenciano a unos jóvenes

Las denuncias han sido presentadas ante la Subdelegación del Gobierno en València y en la Oficina de Derechos Lingüísticos de la Generalitat Valenciana

Manel Carceller, Plataforma per la llengua, y Raül Diego, con la denuncia presentada

Manel Carceller, Plataforma per la llengua, y Raül Diego, con la denuncia presentada / Plataforma per la Llengua

La Plataforma per la Llengua ha denunciado ante la subdelegación del Gobierno en València a dos guardias civiles del cuartel de Tavernes de la Valldigna a los que acusa de abuso de autoridad y de impedir a unos jóvenes su derecho a expresarse en valenciano.

Según señalan desde la Plataforma per la Llengua, los hechos sucedieron el pasado 29 de diciembre, cuando un agente de la Guardia Civil hizo el alto a cuatro jóvenes que circulaban en un vehículo en dirección al Festivern que se celebraba en Tavernes.

El conductor se dirigió al agente en valenciano y según los denunciantes, éste le ordenó que le hablara en castellano porque, según le dijo textualmente, "A mí me habla en español, que estamos en España" y "Si continúa hablándome en valenciano no nos vamos a entender y me lo llevaré al cuartel. Me va hablar en español".

Ante las quejas del joven, quien señaló que estábamos en València y que por tanto podía expresarse en valenciano, el guardia civil le obligó a desplazarse hasta el coche patrulla para hacerle la prueba de alcohol y drogas, lo mantuvo aislado durante más de 20 minutos, le impidió coger una chaqueta de su coche pese al frío que hacía y lo amenazó con llevarlo hasta el cuartel si no hablaba en castellano.

La Plataforma per la Llengua añade que, mientras todo esto ocurría, el otro guardia civil se acercó hasta el coche y al escuchar a otras dos chicas hablar en valenciano e instar a otras personas que también estaban paradas en su coche a hacer lo propio, el agente las amenazó con detenerlas en base a la Ley de Seguridad Ciudadana.

Los denunciantes concluyen que las fuerzas de seguridad del Estado han de garantizar la atención al ciudadano en la lengua que éste solicite, siempre que sea oficial en el territorio y añade que no pueden amenazarlo ni intimidarlo por este motivo.

 

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