Rechazo al decreto de la Junta sobre gasolineras desatendidas

Toledo

En marzo entra en vigor el decreto de la Junta que obliga a las estaciones de servicio a contar con un surtidor adaptado a personas con discapacidad y, antes de que eso ocurra, ya se anuncia recurso. Organizaciones sindicales, de discapacitados y de consumidores lo rechazan. CCOO estudia recurrirlo porque prioriza el modelo de negocio a la seguridad de los usuarios. Y es que no obliga a tener personal en los surtidores. 

El decreto que se publicó el 30 de diciembre obliga a las gasolineras a contar con un surtidor adaptado, baños, y asistencia a distancia, con un periodo de adaptación de 18 meses. Esta nueva regulación elaborada por la Consejería de Desarrollo Sostenible deroga el Decreto de los derechos de los consumidores y usuarios en el Servicio de Suministro al por menor de carburantes y combustibles de automoción en instalaciones de venta al público de 2005. Normativa que echan de menos estos colectivos porque sí avanzaba en accesibilidad y obligaba a contar con trabajadores en el área de repostaje. 

CCOO, UGT, CERMI, FACUA y la Federación de Asociaciones de Vecinos que han peleado para que haya siempre un empleado echando combustible lamentan que el Gobierno Regional se haya quedado "a medio camino" cuando otras comunidades como Extremadura y Valencia sí han legislado en esta linea.

Según explican, el Gobierno argumentó en la última reunión que la redacción del decreto quedaba así para evitar sanciones de la UE por ir en contra de la liberalización del mercado. Ésto supone, además, la perdida de empleos y ampliar la desigualdad en el medio rural. Y es que según los últimos datos, en Castilla La Mancha se ha pasado en 5 años de 584 gasolineras a 916 y, sin embargo, el número de empleados apenas ha aumentado: de 2600 personas a 2612.