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Sábado, 28 de Marzo de 2020

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Accidente de Metro

El lunes comienza el "juicio de la esperanza"

Los tres presidentes de la Asociación de Víctimas del Accidente del Metro de 2006 confía en una sentencia que condene la mala praxis de Ferrocarrils como causa del accidente

“Estamos esperanzados”, así define Rosa Garrote, actual presidenta de la asociación, la sensación de los familiares de las víctimas del accidente. Radio Valencia Cadena SER ha reunido a quienes durante estos años han ostentado la presidencia de la asociación. Ellos vivieron las primeras concentraciones. El olvido. La vuelta a las portadas y las concentraciones multitudinarias. La presión política y el reconocimiento de un error por parte de la administración que sucedió a la que mandaba en el momento del accidente.

 Por eso, la expresidenta Beatriz Garrote explica que una vez la responsabilidad política fue asumida, lo que queda es determinar las responsabildades penales y llegar al final de este largo camino.

 Y, explican que su única intención siempre ha sido dejar claro que en Ferrocarrils hubo mala praxis. Que las cosas se hicieron mal. Una baliza de control de velocidad antes de la curva hubiera evitado el siniestro. Pero eso y analizar otras carencias e irregularidades nunca ha sido prioritario, lamentan, para la jueza instructora Nieves Molina, a la que acusan de ser verdugo, de dirigir la instrucción en un solo sentido: la culpabilidad del maquinista por el exceso de velocidad. Rosa Garrote.

 Enric Chulio, que fue el primer presidente de la asociación reconoce que también se han planteado el escenario de una sentencia exculpatoria. Sería un palo para ellos porque, insiste, más allá del castigo lo que siempre han perseguido es que se reconociera que las medidas de seguridad brillaban por su ausencia.

 En el banquillo se sentarán, a partir del lunes, la exgerente Marisa Gracia y varios exdirectivos de la empresa en el momento del accidente: Juan José Gimeno, Vicente Antonio Contreras, Manuel Sansano, Francisco García, Sebastián Argente, Luis Miguel Domingo y Salvador Orts.

 Se enfrentan a una petición de pena, por parte de la fiscalía, de tres años y siete meses de prisión acusados de omisión o cooperación necesaria en 43 delitos de homicidio por imprudencia grave profesional. 37 delitos de lesiones por imprudencia grave profesional y un delito contra los derechos de los trabajadores. La asociación de víctimas, que es acusación, eleva la petición de pena a cuatro años de prisión.

 

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