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Miércoles, 26 de Febrero de 2020

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Tribunales

Le piden 4 años de cárcel por grabar a las empleadas en el aseo

El fiscal sostiene que J.C.R., de 54 años, también citaba a las trabajadoras a su despacho para poder grabarles sus partes íntimas por debajo de la mesa

Ya hay petición de pena para el gerente de una empresa de Villamuriel (Palencia) que grababa a las empleadas en los aseos

Ya hay petición de pena para el gerente de una empresa de Villamuriel (Palencia) que grababa a las empleadas en los aseos / Guardia Civil

El Ministerio Fiscal ha solicitado provisionalmente para el gerente de una empresa, J.C.R., de 54 años, una pena de cuatro años de prisión y una multa global de 7.200 euros como presunto autor de un delito continuado contra la intimidad por revelación de secretos después de que supuestamente colocara una micro cámara en el aseo de las empleadas, según publica Diario Palentino en una información que firma Alberto Abascal. 

Según el escrito de calificación provisional suscrito por el fiscal, los hechos, que finalmente serán vistos en el Juzgado de lo Penal después de que la titular del juzgado de instrucción número 4 que ha llevado la investigación haya firmado un auto de apertura de juicio oral, se conocieron sobre las 15 horas del día 5 de junio de 2018 como consecuencia de un hallazgo casual de una micro cámara, en las dependencias destinadas al aseo de mujeres.

Visionadas las imágenes contenidas en la tarjeta USB de la misma, la Fiscalía constató que se aprecia a diversas empleadas de la citada empresa en los aseos mientras realizaban sus necesidades fisiológicas. Estas imágenes fueron entregadas posteriormente a la Guardia Civil para su estudio.

Según suscribe el Ministerio Fiscal, el dispositivo fue colocado supuestamente por el acusado, J.C.R., a la sazón gerente de la mercantil situada en Villamuriel de Cerrato, con la finalidad de obtener imágenes de las empleadas.

Para el fiscal, estas imágenes «atentan a su intimidad, dado el lugar reservado donde se captan (aseos), así como por la actividad objeto de la captación, perteneciente a la esfera íntima».

Una vez conocidos los hechos, la investigación policial continuó y, así las cosas, sobre las 16,55 horas del día 6 de junio se practicó un registro en el domicilio del acusado situado en la localidad de Laguna de Duero (Valladolid), donde se le intervino un disco externo y una micro cámara, conteniendo una tarjeta de memoria USB, y al día siguiente en otro registro realizado en su despacho profesional se le intervino un lector de tarjetas de memoria y puertos USB, además de su teléfono IPhone X.

La Fiscalía subraya que el personal de la empresa, una vez despedido de la misma, entregó a la Guardia Civil una memoria USB bajo la apariencia de una tarjeta de visita de la marca TATA y un pendrive espía de la marca Unotec.

Igualmente, proporcionaron a la investigación varios correos electrónicos de la cuenta de correo corporativa del acusado, donde constaba que había otros dispositivos análogos al hallado en los aseos. La Fiscalía relata que estudiado el material informático ocupado a J.C.R. se pudo constatar e identificar en algunas de las imágenes a cuatro empleadas. Asimismo, del estudio del teléfono Iphone X, al parecer, se pudo comprobar que el procesado citaba a las empleadas a su despacho profesional para a realizar grabaciones debajo de su mesa de trabajo, donde el acusado captaba sus partes intimas y su ropa interior. En estas imágenes se ha podido identificar a dos de las cuatro mujeres. En cualquier caso, el fiscal mantiene que no consta que el material se haya transmitido a terceros.

Por otro lado, la Fiscalía ha solicitado una indemnización de 6.000 euros por daños morales para cada una de las cuatro empleadas identificadas en las imágenes.

 

36 AÑOS DE PRISIÓN. Por su parte, la acusación particular ejercida por nueve de las empleadas de la empresa que se sienten perjudicadas ha solicitado para J.C.R. una pena global de 36 años de prisión, multa y unos 54.000 euros de indemnización global por los hechos descritos. La acusación particular entiende, a diferencia con la Fiscalía, que J.C.R. es presunto autor de nueve delitos contra la intimidad de las personas (uno por cada perjudicada).

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