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Miércoles, 01 de Abril de 2020

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El Govern cederá suelo público al sector privado para construir VPO

Además, ayuntamientos y colegios profesionales podrán realizar los informes para aprobar las licencias de obras

Reunión de la Mesa de la Vivienda, en el Espai Francesc Quetglas.

Reunión de la Mesa de la Vivienda, en el Espai Francesc Quetglas. / CAIB

El Govern pondrá en marcha 25 medidas extraordinarias con el fin de facilitar el acceso a la vivienda asequible en las Islas. Entre las cuales destaca la colaboración con el sector privado para la cesión de suelo público para la construcción de vivienda de alquiler con un precio fijado. Un documento sin plazos de ejecución ni presupuesto, aunque desde el Ejecutivo balear esperan que a final de año se hayan impulsado las primeras medidas.

Es una de las propuestas estrella que se desprende de la mesa de la vivienda de este lunes que ha reunido a agentes políticos, económicos y sociales.Según el conseller de Movilidad y Vivienda, Marc Pons, el Govern cederá solares a constructores durante un periodo máximo de 75 años para que puedan gestionar viviendas de protección oficial, con una serie de condiciones, y con un precio de alquiler limitado con el fin de evitar la especulación.

El Govern asegura que ha estado en contacto permanente con todos los partidos del Pacte y confía en que estas medidas cuenten con el apoyo de PSIB, Unidas Podemos y Més per Mallorca. Dice que son las primeras 25 medidas pero que está previsto impulsar nuevas.

Ganar en agilidad administrativa. Es otro de los retos que se quiere conseguir por parte del Govern. Para ello las licencias de obra de vivienda de protección oficial podrán ser aprobadas por Consell de Govern.

Además, los ayuntamientos y los colegios profesionales de arquitectos y aparejadores de Balears podrán realizar los informes para aprobar las licencias de obras.

Hay que tener en cuenta que en este momento el tiempo medio para obtener una licencia está en los 18 meses. El presidente del Colegio de Aparejadores de Mallorca, Daniel Tur, celebra esta medidas y confía en que se pueda reducir la demora.

Los grandes tenedores de viviendas, como los bancos, estarán obligados a ofrecer un alquiler social antes de realizar un desahucio. Un precio de alquiler que deberá ser inferior al 30 por ciento de los ingresos de los afectados.

Se endurecen las sanciones a los grandes tenedores que no hayan comunicado que disponen de viviendas vacías y se multará por cada inmueble de forma individual.

El Govern recuerda su objetivo de incrementar el parque público de vivienda y que para este 2020 se destinan 40 millones de euros para construcción de casi 600 VPO.

También el Govern podrá crear viviendas de protección oficial a través de cualquier construcción en suelo urbano sin terminar o con la licencia caducada.

Entre las medidas destaca también la regulación del sector inmobiliario para evitar el intrusismo.

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