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El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación del Elche por el contrato de Eventos Petxina

El Club ilicitano tendrá que abonar la mitad de los ingresos por traspasos desde 2011 a 2019

Fachada principal del estadio del Elche CF / Elche CF

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El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación aportado por el Elche C.F. contra la sentencia de la Sección Octava de la Audiencia Provincial por el contrato firmado en su día por el Club con Eventos Petxina. Un varapalo económico en toda regla para la entidad franjiverde que tendrá que abonar el 50 por cien de los traspasos de jugadores desde noviembre de 2011 hasta el mismo mes de 2019.

La mercantil valenciana, cuyo administrador único es Basilio López, considera que le corresponde la mitad de 13,8 millones, es decir, unos 6,9 millones de euros. Por su parte, el Elche está en desacuerdo con dicha cantidad y será la justicia quien determine el importe exacto. Un asunto que  podría demorarse. El Club ilicitano alegó en su día que el contrato era "un préstamo encubierto". El Juzgado de lo Mercantil dio la razón al Elche en primera instancia, pero Petxina recurrió y la Audiencia Provincial dictó en 2017 que ese contrato era válido.

El Elche decidió presentar el recurso de casación ante el Tribunal Supremo que al final ha sido desestimado. Ahora deberán concretarse los plazos y las cantidades, ya que no cabe recurso. Algunas podrían entrar como deuda concursal, mientras que otras tendrían que ser abonadas, sin quita ni espera, si se tratase de operaciones realizadas con la entidad inmersa en el concurso de acreedores.

El anterior propietario, José Sepulcre, y el nuevo dueño del Club, Cristian Bragarnik, deberán afrontar la indemnización que corresponda, tal y como pactaron en la venta de la sociedad el pasado 3 de diciembre de 2019. Además, las dos partes siguen pendientes de la decisión del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) con relación a la demanda de nulidad interpuesta por el Elche contra la sanción de Bruselas de 4,1 millones de euros por presuntas ayudas públicas ilegales.

 
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