El Ayuntamiento de Santander pide al Gobierno que impida nuevas autorizaciones para salas de apuestas

Santander

El Ayuntamiento de Santander ha solicitado al Gobierno de Cantabria que aborde un estudio y una regulación integral sobre las salas de juego y locales de apuestas, que resulte mucho más restrictiva y no actuar mediante medidas aisladas adoptadas de manera descoordinada.

Igualmente, Santander ha pedido a la administración regional que, mientras los agentes sociales y los poderes públicos abordan conjuntamente la problemática del juego, se abra una moratoria que impida otorgar nuevas autorizaciones en materia de juego y apuestas.

Esta posibilidad, explica el concejal de Familia y Servicios Sociales, Álvaro Lavín ya la utilizó en su día el propio Gobierno Regional en relación con la autorización de grandes establecimientos comerciales.

El edil ha anunciado que el Consistorio santanderino ha remitido hoy a la Consejería de Presidencia del Gobierno de Cantabria las alegaciones formuladas en el trámite de consulta pública para la modificación del decreto 23/2008 respecto al Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar.

Las alegaciones del Ayuntamiento de Santander ponen el foco en el carácter limitado de la reforma en marcha, al no abordar el verdadero problema que supone la proliferación desmedida de las salas de juego y apuestas, que ha generado tanta alarma social.

Según explica Lavín, la modificación del decreto debería contribuir a resolver la inseguridad jurídica producida con la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de Cantabria 2020.

Para el concejal, es preciso aclarar si la excepción que contempla la disposición transitoria de la Ley en cuanto al régimen de distancias fijado por esta, en vigor desde el 1 de enero, opera únicamente para los salones recreativos y de juego o también se extiende a los locales de apuestas.

Igualmente, se hace necesario aclarar, explica, si este régimen de distancias será de aplicación a los establecimientos que hayan presentado consulta previa de viabilidad con más de seis meses de antelación a la entrada en vigor de la Ley de Acompañamiento para 2020, o de la propia Ley 15/2006 del Juego, tal y como resulta de la literalidad de la disposición transitoria.

Igualmente, el Ayuntamiento critica la permisividad del Gobierno regional con la proliferación de nuevos locales de juego y apuestas que ha llevado a esta modificación de la norma, algo que el Consistorio ha podido comprobar tras solicitar al ejecutivo autonómico información sobre las consultas previas de viabilidad presentadas con más de seis meses de antelación a la entrada en vigor de la Ley.

Concretamente, el referido plazo de los seis meses fijado por el Gobierno Regional vendría a permitir que los dos locales de Cazoña, cuyas consultas se efectuaron en el mes de junio de 2019, puedan obtener autorización definitiva sin respetar la distancia mínima de 500 metros a centros escolares y pese a las numerosas quejas vecinales que alertaban de este problema.

Lavín ha asegurado que la modificación del decreto no soluciona tampoco el problema de los salones de juego con autorización para instalar zonas de apuestas, un trámite que al no precisar la realización de obras o modificación de las instalaciones ni siquiera precisaría de licencia municipal de obras y actividad.

“Desde el Ayuntamiento requerimos a la administración regional que aborde esta problemática en la modificación que se tramita y no conceda nuevas autorizaciones de esta clase, evitando así el surgimiento de locales de apuestas encubiertos”, afirma el concejal.

Por ello, el Ayuntamiento solicita también al Gobierno regional el detalle de las autorizaciones concedidas a salones de juego para que alberguen zonas de apuestas en Santander y las que se encuentren en tramitación.

Además, ha defendido que el Ayuntamiento de Santander está dispuesto, como no puede ser de otro modo, a prestar la máxima colaboración institucional y a trabajar conjuntamente en solucionar un problema que afecta al interés de los ciudadanos.

Pero considera “inoportuno” que otras administraciones envíen mensajes equivocados a la opinión pública que puedan contribuir a generar mayores incertidumbres en un escenario ya de por sí complejo.

Esta falta de rigor, apunta el responsable municipal, lleva a este Ayuntamiento a chocarse con un escenario jurídico enormemente confuso, pues según cuál sea la interpretación que se dé a la reforma introducida, sus efectos podrían ser unos u otros en orden a la aplicación de la distancia de 500 metros a los centros escolares.

Lavín ha recordado que el ordenamiento jurídico no atribuye competencia de ningún tipo a los Ayuntamientos en esta materia y que la administración local únicamente interviene, residualmente, mediante el otorgamiento reglado de licencias de obra y apertura.