Las ayudas al alquiler en Madrid solo llegarán como máximo a uno de cada cuatro inquilinos de la AVS

Madrid

La Consejería de Vivienda ya ha publicado en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid la memoria de ese decreto que va a reducir los alquileres sociales a quienes pierdan su trabajo o cierren su negocio durante el estado de alarma. Es el paso previo a que el Consejo de Gobierno apruebe el texto definitivo y contiene un análisis de las consecuencias legales, económicas, presupuestarias y sociales de la norma. Cuando esté aprobado, quien pueda acreditar esa merma de ingresos, podrá ver reducidas las rentas que paga cada mes a la Agencia de la Vivienda Social (AVS) al mínimo legal: 46,56 euros, en el caso de pisos y locales comerciales; y 4,54 euros, para los que sean beneficiarios de un garaje público.

“Va a permitir la reducción de las rentas a todas las familias que se hayan visto afectados por el coronavirus y, como consecuencia de ellos, hayan sufrido una merma en sus ingresos o situación de desempleo”, aseguró el consejero de Vivienda, el popular David Pérez, en una nota de audio distribuida por los servicios de comunicación de la Comunidad de Madrid el pasado 24 de marzo, cuando se anunció la medida. Ahora, la memoria del decreto, reconoce que el alcance será limitado. Incluye una estimación, tanto del número de beneficiarios potenciales, como de su impacto en las arcas de la AVS. En el peor escenario, en el que el 100% de sus 19.772 inquilinos se quedaran sin ingresos, el alivio solo llegaría a uno de cada cuatro inquilinos -a 5.428 familias-. En la hipótesis más optimista, que contempla que el impacto económico del coronavirus llegue solo al 20% de los arrendatarios de la Comunidad de Madrid, las ayudas llegaría a un grupo aún más reducido, a 1.086.

El motivo, según desgrana ese informe técnico, es la propia naturaleza de esos alquileres, destinados en buena medida a personas que dependen de ayudas sociales; prestaciones públicas -como el paro o la pensión-; o bien no tienen ingresos demostrables. Para hacer esas estimaciones la Agencia de la Vivienda Social excluye directamente a todos los inquilinos que proceden de planes de realojo, un total de 2.108. Luego están aquellas familias que ya tienen derecho a algún tipo de reducción. Son 5.688 y, sobre ellas, la Comunidad de Madrid sí que tiene datos socio-económicos porque ya están obligados a demostrar su situación de vulnerabilidad. A través de esa información la AVS sabe que solo un 28% de ellos -1.593- tienen una nómina. Son, por tanto, a los que considera beneficiarios potenciales de esta nueva medida. En último lugar están las familias que actualmente no tienen ningún beneficio adicional, 11.976, y que también incluye entre potenciales afectados. El problema viene a la hora de demostrar la afectación. La AVS cree que solo un 40% podría acreditar esa “merma de ingresos”, de la que hablaba el consejero. Son esas 5.428 familias a las que, como máximo, podría llegar esa reducción del alquiler mensual. Dice la memoria que es “una previsión prudente, basada en el conocimiento de los sectores sociales que históricamente han sido más beneficiados por viviendas propiedad de la Agencia”.

¿Cómo se tendrá que acreditar ese impacto económico?

El borrador del decreto deja los detalles a un desarrollo posterior, a través de una futura orden de la Consejería de Vivienda, pero esboza los criterios generales. En el caso de los trabajadores por cuenta ajena, podrán pedir la reducción los que hayan sufrido un despido, o se hayan visto afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), de los que ha facilitado el gobierno central a través del Real Decreto-Ley 8/2020. Es decir, los trabajadores afectados por un ERTE convencional no se pueden acoger a las reducciones. Una salvedad que pidió incluir la Consejería de Sanidad, según reconoce la memoria del decreto.

En el caso de los autónomos, tendrán que acreditar una merma de ingresos superior al 40%, respecto al mismo trimestre del año anterior. Si hubieran comenzado su actividad hace menos de un año, la norma deja abierta la posibilidad de hacer una comparativa sobre la marcha del negocio más flexible.

El texto también recoge el impacto que la medida puede tener en las cuentas de la AVS. Estima que en el escenario más sombrío, ese en el que todos sus inquilinos se quedan sin ingresos, la Agencia dejaría de ingresar algo más de un millón de euros al mes -1.031.787,64 euros- en concepto de rentas.