Ayuso utiliza el coronavirus para instaurar sus recetas ultraliberales

Madrid

Isabel Díaz Ayuso anunció hace ya 37 días un "plan de choque económico" para Madrid, pero de ese plan nunca más se supo. Ese proyecto está en fase de construcción. Todavía se desconoce en qué consisten los detalles concretos de esa estrategia económica de la presidenta madrileña que, incluso, llegó a proponer "la celebración de un pleno en la Asamblea de Madrid para pedir al Gobierno un plan estratégico de rescate", aunque de aquel anuncio que lanzó el pasado 19 de marzo tampoco se ha vuelto a tener más noticias.

Por ahora, lo único que se conocen son las líneas maestras del Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso. Su receta del éxito se basa en consolidar la colaboración público-privada. "Tenemos que acompañar a la iniciativa privada ahora más que nunca, porque por una cuestión de salud, el sector público ha decidido sobre el privado, coartando movimientos. La Comunidad de Madrid defiende la colaboración público-privada como el motor para salir adelante", dice Díaz Ayuso, en lo que supone toda una declaración de intenciones.

Ese mensaje va acompañado de otras propuestas como, por ejemplo, suspender las licencias urbanísticas para "facilitar la actividad económica y atraer la inversión". Isabel Díaz Ayuso pretende modificar la actual Ley del Suelo –por la vía de urgencia antes del verano- para eliminar no solo las licencias de obra, sino también las de primera ocupación e incluso de edificación "para eliminar trámites burocráticos innecesarios que dificultan el trabajo del sector".

En la oposición no se fían, ese anuncio de la presidenta madrileña les genera muchas dudas, muchas sospechas y desconfianza porque el ladrillo va en el ADN del Partido Popular. "Nos tememos que quieren colar por la puerta de atrás un nuevo pelotazo urbanístico. La última vez que el PP habló de la liberalización del suelo, Rodrigo Rato y José María Aznar metieron a España en una inmensa burbuja inmobiliaria", explica a la SER el portavoz de Más Madrid, Pablo Perpinya.

Coinciden en esa lectura desde el Partido Socialista, en su caso, no solo temen que los planes de Ayuso provoquen nueva burbuja inmobiliaria, sino que además esa medida genera "inseguridad jurídica", apuntan fuentes socialistas, porque "la licencia es un acto administrativo por el que las administraciones públicas realizan un control regulado sobre cualquier acto que suponga una transformación urbanística. Eliminarlo, por lo tanto, anula el necesario control de legalidad". Y se preguntan, por ejemplo: "¿qué ocurre si se construye una nueva planta con este método y existe un exceso de edificabilidad, por ejemplo? ¿Cómo se restaura la legalidad urbanística en ese caso?".

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La presidenta madrileña da por segura esa modificación de la Ley de Suelo, pero olvida que esa decisión le compete a la Asamblea de Madrid, y por ahora, ningún grupo, ni siquiera sus socios, se han mostrado claramente a favor de eliminar esas licencias urbanísticas. "Una reforma de este calado, en un ámbito tan sensible como el urbanismo y la ordenación del territorio, requiere de un amplísimo acuerdo. Este tipo de medidas y reformas deberían formar parte del gran acuerdo de reconstrucción social y económica en la Comunidad de Madrid que Ángel Gabilondo está ofreciendo a la Presidenta Ayuso sin respuesta por su parte", apunta a la SER el diputado socialista Rafael Gómez Montoya.

A Más Madrid tampoco le gusta que Isabel Díaz Ayuso aproveche este momento tan delicado como la emergencia sanitaria para aprobar una medida tan sensible , además cree no se pueden mezclar licencias, "no es lo mismo aligerar la burocracia de una obra que esté relacionada con energías renovables que dejar total libertad a Blackstone [fondo buitre] para decidir qué materiales usar y cómo construir, es como si le dejas a Telepizza hacer un asesoramiento dietético", añade Perpinya.

La Comunidad de Madrid cree que su propuesta podría atraer "a todos aquellos proyectos, nacionales e internacionales" y "animará a que las empresas extranjeras se ubiquen en la región ya que en España los plazos de obtención de licencias son muy superiores a la media de países de la Unión Europea". Pero desde el Partido Socialista se preguntan si detrás de esa declaración se está abriendo la puerta para retomar proyectos fallidos como Eurovegas. La desconfianza es total entre estos grupos. "Siempre que se eliminen los controles previos hay que ampliar los posteriores, con más inspectores y más sanciones ejemplares para que no proliferen los loft como los de Monasterio", asegura Pablo Perpinyà.

El gobierno madrileño defiende en cambio que esta reforma es viable porque proponen sustituir esas licencias por una "declaranción de responsabilidad" que "garantiza que la actuación urbanística cumple los requisitos urbanísticos y medioambientales exigidos". Sin embargo, en el PSOE cree que se podría incumplir varias normas, entre ellas, el Real Decreto 7/2015 que obliga a que "todo acto de edificación requerirá del acto de conformidad, aprobación o autorización administrativa que sea preceptiva".