Sociedad

El Consejo Regulador estudia reducir el aforo máximo para ajustar la producción a los efectos de la pandemia

Antes de tomar una decisión el órgano regulador ha consultado a los sectores afectados sobre la conveniencia de reducir los 7.000 kilos máximos por hectárea y en qué medida

Al igual que otras entidades del sector y que la Consejería de Agricultura pide que el Gobierno tenga en cuenta las especiales características de Castilla y León en las medidas de apoyo al sector vitivinícola

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RIBERA DEL DUERO

El Consejo Regulador de la Ribera del Duero estudia rebajar el aforo máximo de las parcelas esta temporada para hacer frente al impacto que está teniendo las medidas de confinamiento social en la comercialización de sus vinos. Cerrado a cal y canto el sector hostelero, las bodegas se encuentran con más producto almacenado del previsible, mientras el ciclo natural de la vid continúa en un año en el que las condiciones meteorológicas apuntaban, de momento, a una buena cosecha. Por este motivo y cuando acaba de comenzar en algunas parcelas la poda en verde, el Consejo Regulador ha propuesto regular a la baja la producción de esta campaña para evitar desajustes posteriores entre la oferta y la demanda. Para ello está consultando a las organizaciones agrarias y empresariales sobre la conveniencia de reducir el aforo máximo de las parcelas. El reglamento de la Denominación de Origen establece una producción máxima de 7.000 kilos por hectárea, y ese es el índice cuya rebaja ha consultado el órgano regulador. Su presidente, Enrique Pascual ha confirmado que las consultas están efectuadas a la espera de la decisión del pleno del Consejo, que en todo caso, asegura, solo tomará una decisión si hay un consenso amplio en el sector.

Mientras tanto lo que el Consejo Regulador ribereño ha solicitado al Gobierno, junto a la Consejería de Agricultura y otras entidades y organismos del sector es que el Gobierno tenga en cuenta las especiales características del tejido vitivinícola de Castilla y León. Consideran que la normativa que prepara el gobierno para apoyar al sector está más adaptado a otras zonas de España con cultivos más extensos y sin tantos territorios con calidad protegida como nuestra comunidad

 
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