Sociedad

Los ayuntamientos costeros deciden abrir las playas obligados por la orden ministerial

Los alcaldes renuncian a su intención de cerrar los arenales, pero piden al Estado y al Principado un fondo extraordinario para costear la vigilancia de aforo y medidas de seguridad

Arenales como el de La Griega, en Colunga, recibirán a los primeros bañistas sin saber aún quién controlará el aforo y los accesos. / Silvia Rúa

Oviedo

Los alcaldes de los 19 ayuntamientos costeros asturianos han acordado este lunes regular mediante los correspondientes bandos municipales, las condiciones de utilización de las playas, que será "libre, pública y gratuita (...) conforme a las normas adoptadas por las autoridades sanitarias". Ateniéndonos a las condiciones de la fase 2 de la desescalada en la que ya se encuentra la comunidad autónoma, los arenales son ya de acceso libre para su uso lúdico con la condición de que se respete la distancia de seguridad tanto en los accesos como en el propio arenal, y debiendo utilizarse la mascarilla si no se asegura el distanciamiento interpersonal que determine la normativa aplicable en cada momento.

Los alcaldes se habían llegado a plantear la posibilidad de no abrir este verano las playas ante las dificultades para hacer cumplir las limitaciones de aforo, pero en un comunicado difundido por la Federación Asturiana de Concejos (FACC), explican que una norma de rango superior como la orden ministerial que regula este aspecto, obliga a los ayuntamientos a su acatamiento. En todo caso se recuerda que la playas no han estado cerradas durante el estado de alarma, sino que sólo han estado prohibidas determinadas actividades que progresivamente se están volviendo a autorizar.

Los ayuntamentos costeros han acordado mantener el calendario de puesta en marcha de los servicios de salvamento, que cada cuál activará de acuerdo a lo previsto en el Plan de Salvamento, y explicitan que será a este plan al que se vincularían "futuras medidas de control si éstas fueran necesarias".

La FACC anuncia que se estudiarán posible alternativas a la norma estatal que atienda a las peculiaridades del litoral asturiano, y en especial a lo referente a las mareas. Además se reclamará a los gobiernos central y regional, un fondo extraordinario para afrontar los gastos que generen los arenales, y se recabará la cooperación del Principado para gestionar el operativo, así como la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

 
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