Domingo, 05 de Julio de 2020

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Lo que los informes del Gobierno de Ayuso decían antes del 8 de marzo

Tres días antes de la movilización feminista la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid envió una circular a los centros educativos de la región. En el documento se niega que los infectados asintomáticos representaran un riesgo y solo se pedía que evitaran las aglomeraciones a quienes hubieran tenido contacto con un enfermo

Circular que la Dirección General de Salud Pública envió el 5 de marzo a los centros educativos

Circular que la Dirección General de Salud Pública envió el 5 de marzo a los centros educativos / Comunidad de Madrid

Hay una frase del ministro de Sanidad, de Salvador Illa, que pasará a la hemeroteca del COVID-19: “Predecir el pasado es muy sencillo y la quiniela del lunes la acertamos todos”. La pronunció el pasado 21 de mayo durante su comparecencia en el Congreso en respuesta a los reproches de la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, que le afeaba falta de previsión. Justo antes le había recordado a la diputada las declaraciones que hizo “alguna presidenta autonómica” el 26 de febrero. No se las leyó, pero era una referencia evidente a la popular Isabel Díaz Ayuso, que ese 26 de febrero -como otros muchos responsables políticos y sanitarios- restó importancia a la crisis que se cernía. “No voy a hacer lo que usted hace conmigo”, le espetó Illa a la portavoz conservadora. Entre otras cosas -según dijo- porque él mismo “habría suscrito esas palabras ese día”. La cita del ministro evidenciaba una obviedad. Ningún gestor -al menos en España- supo predecir su magnitud y prepararse para el ‘tsunami’ epidémico que está asolando el país.

Gamarra ha vuelto a la carga una semana después. Esta vez por la celebración de la manifestación feminista en Madrid el 8 de marzo, y por cuya autorización está ahora mismo bajo investigación el Delegado del Gobierno en Madrid, el también secretario general de los socialistas en la Comunidad, José Manuel Franco. La popular quería saber si, en opinión del ministro, esa movilización debería haberse celebrado y si considera que él -el propio ministro- tiene que asumir alguna responsabilidad. Salvador Illa ha vuelto a amagar, pero sin golpear: “Le podría enseñar informes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid de tres días antes del 8M diciendo que se puede hacer una actividad normal”, le ha respondido; aunque de nuevo ha preferido no hacerlo.

Lo cierto es que ese documento existe y tuvo ya cierta difusión en los medios de comunicación. Se trata de una circular que la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, entonces ocupada por Yolanda Fuentes -la misma directora que dimitió porque consideraba que Madrid estaba anteponiendo los intereses económicos a los sanitarios en la desescalada-. "La población general puede continuar con su actividad con toda normalidad", asegura el documento. Solo menciona en una ocasión las aglomeraciones para decir que es mejor que “se eviten”, pero solo si se ha estado en contacto con un enfermo de COVID-19. Por lo demás, según esa circular, los contactos “podrán llevar su vida habitual en familia, con amigos y, en general, en el ámbito laboral”. Una directriz que se ha cambiado de forma radical desde entonces. Ahora cualquier persona considerada “contacto” de un enfermo se somete a aislamiento.

No es la única lectura de lunes que se puede hacer a esa quiniela. Hay más. La pandemia nos ha enseñado que su transmisión explosiva se ha producido en buena medida por los llamados infectados asintomáticos, personas que portan el virus, pero que no desarrollan aparentemente la enfermedad. Entonces la Comunidad de Madrid decía exactamente lo contrario: “con el conocimiento actual, sabemos que las personas infectadas que no han desarrollado sintomatología relacionada por la infección NO -en mayúsculas en el documento original- transmiten la enfermedad”. En esa condicionalidad -“con el conocimiento actual”- está la clave: era lo que se creía entonces sobre un virus apenas conocido.

El documento tiene otros pasajes que chirrían en una lectura anacrónica. “En este momento, sólo se recomienda la adopción de medidas especiales en algunos ámbitos, como los centros sanitarios, con el objetivo de reforzar la protección de los profesionales sanitarios”, dice el documento solo unas semanas antes de que los sanitarios de la región empezarán a contagiarse de forma masiva por la falta de protocolos adecuados y, sobre todo, de equipos de protección individuales (EPI). La Comunidad de Madrid incluso sacaba pecho en aquella circular de lo que -a posteriori- se ha demostrado como una de sus grandes carencias: un sistema eficaz de rastreo y detección precoz. Se está realizando -dice el documento oficial- “la identificación y vigilancia de los contactos de los casos detectados, que son valorados individualmente, con el objetivo de identificar precozmente la posible aparición de casos de infección”. Las cifras dicen otra cosa: la Comunidad de Madrid no era ni siquiera capaz de detectar de forma ágil los casos con enfermedad manifiesta, como demuestra la serie histórica de positivos detectados por PCR. Ese mismo día 5 de marzo -con datos, por tanto, hasta el día 4- la Consejería de Sanidad notificó que Madrid acumulaba 89 casos positivos de COVID-19. El particular sistema de recuento madrileño -que atribuye los positivos al día en el que se tomó la muestra-, permite saber que en realidad eran ya más del doble -199 enfermos confirmados hasta el 4 de marzo-. Una cifra que -según las notificaciones que iba haciendo entonces la Consejería- no se alcanzó precisamente hasta el 8 de marzo. La confirmación de casos iba por aquel entonces tres días por detrás de la toma de muestras, aunque desde la Comunidad de Madrid se insistía de forma reiterada en que no había dilaciones, no faltaba material para la recogida de muestras, ni escaseaba el personal, ni faltaba capacidad de análisis.

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