Condenado el Gobierno de Aragón por falta de EPIS a los sanitarios

Zaragoza

El Juzgado de lo Social de Teruel ha condenado al Gobierno de Aragón, al Servicio Aragonés de Salud y al Instituto Aragonés de Servicios Sociales por haber vulnerado los derechos de los trabajadores y empleados públicos de Teruel por no haberles proporcionado los equipos de protección individual para protegerse frente al coronavirus. 

La sentencia llega tras una denuncia del sindicato FASAMET y condena a las administraciones a proporcionar a todos los empleados públicos sanitarios del Grupo A en la provincia de Teruel mascarillas, protección ocular, guantes, gorros, calzas, hidrogel y contenedores para los residuos.

La jueza recuerda que el Gobierno de Aragón y sus organismos autónomos tienen el deber de proteger al personal que se encuentra a su servicio de los riesgos laborales que puedan sufrir en el desarrollo de su trabajo.

Además, añade que "la declaración del estado de alarma no conlleva la suspensión de los derechos fundamentales ni tampoco la suspensión de los derechos a la prevención de riesgos laborales".

Además, la magistrada rechaza la defensa de las administraciones de que nos encontramos ante un supuesto de fuerza mayor, imprevisible e inevitable. La jueza dice literalmente que "debió preverse la necesidad de disponer de abundantes EPIs para los sanitarios con la finalidad de protegerles frente al riesgo de la Covid".

Más procesos judiciales abiertos

Sentencias como la del juzgado de lo social de Teruel pueden no ser la única. El Sindicato de Médicos también presentó demandas similares, con los mismos argumentos, en las provincias de Huesca y Zaragoza.

En Huesca ya se celebró el juicio y están a la espera de la resolución del juzgado. En Zaragoza se celebrará mañana, viernes. Los sindicatos médicos insisten en que todavían no tienen los suficientes medios de protección.

Estaban cansados, dice Leandro Catalán de FASAMET. Cansados de que por la vía administrativa no se les hiciera caso y por ello acudieron al juzgado de lo social. Tras las medidas cautelarísimas que ordenaron dotarles de material en 24 horas y que, según Catalán, demostró la falta de previsión, decidieron formalizar las demandas.

El desencuentro con el gobierno fue notable. "Cada día, recordamos las palabras de Javier Lambán [presidente de Aragón], desafortunadas, cuando dijo que a los jueces los mandaría a hacer mascarillas y a los sindicatos médicos que nos pusiéramos a arrimar el hombro", recuerda Catalán. "Nos dolió enormemente y creo que está todavía a tiempo de pedir disculpas a los profesionales sanitarios".

Dice Catalán que no buscan compensaciones, solo querían garantías de seguridad en el trabajo para quienes estaban en primera línea frente a la covid. Se ha incumplido, dice, la ley de prevención laboral.  "Lo único que pedimos es demostrar que no había medios en su momento por falta de previsión del gobierno, tanto de Aragón como del Estado". 

E insiste en que la protección de los profesionales de la sanidad no está resuelta. "Seguimos sin tener equipos de protección suficientes en los centros, y necesitamos medios de seguridad, tanto nuestra como para los pacientes".